La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa relacionados con la venta de mascarillas y material para prevenir la COVID-19 en 21 provincias en una operación en la que han sido detenidas seis personas de nacionalidad moldava y realizado tres registros en Salou y Reus (Tarragona) y en San Adria del Besos (Barcelona).
Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros. Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Hontecilla.
La organización aprovechaba el estado de necesidad de la población de obtener mascarillas y otros productos sanitarios por la crisis sanitaria del COVID-19 para estafar a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias, según ha informado la Guardia Civil.
Se les ha incautado documentos de todo tipo falsificados, más de 100 tarjetas SIM, una veintena de teléfonos móviles de última generación, dispositivos de almacenamiento de datos, una cartera de gestión de cryptomonedas, tarjetas de crédito/débito falsas (la mayoría de ellas de las denominadas ‘black’, esto es sin límite de gasto o con un límite muy elevado), así como instrumentos para la elaboración de documentación falsa, 19.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.
Con la desarticulación de esta organización la Guardia Civil ha logrado esclarecer 265 delitos de los cuales, entre ellos 81 delitos de estafa relacionados con compra de material sanitario-mascarillas cometidos en las provincias de Murcia, Guadalajara, Valencia, Huesca, Cádiz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Jaén, Zaragoza y Huelva.
También se relaciona a esta red con 41 delitos de estafa relacionados compra de terminales móviles en las provincias de Cáceres y Alicante, 13 delitos de estafa relacionados con la compra de patinetes eléctricos cometidos en las provincias de Huelva y de Alicante y 4 estafas por phishing en las provincias de Salamanca, Castellón y en las Comunidades Autónomas de Madrid y de Asturias.
Según la Guardia Civil, los arrestados son los autores de otras 25 estafas relacionadas con la venta de relojes en las provincias de Toledo, Zaragoza, Valencia y Pontevedra y 17 delitos de amenazas y extorsiones en las provincias de Albacete, Vizcaya y Valladolid. También se les imputa un delito de blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpación de estado civil y más de 50 delitos de falsedad documental.
UN AYUNTAMIENTO DENUNCIÓ
El pasado abril, durante el primer estado de alarma por la COVID-19, la Guardia Civil inició las investigaciones tras la denuncia presentada por un Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara, ya que realizó una compra a través de una página web de 600 mascarillas FPP1 por un importe de cerca de 800 euros que nunca llegó a recibir.
Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la página web y teléfono móvil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores del hechos, llegando a la conclusión de que esta formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.
«Esta organización criminal estaba altamente especializada, estructurada y diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creación de un entramado de cuentas corrientes en España utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y Bélgica) con la finalidad de blanquearlo», según ha explicado la Guardia Civil.
Operaban desde el año 2019 y utilizaban como ‘base de operaciones’ las provincias de Tarragona y Barcelona. La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara. Las pesquisas continúan abiertas y no se descarta la imputación de más delitos y detenidos en función del estudio de la documentación intervenida.
