Las crisis internas de Vox cada vez son más evidentes. Tanto es así que hasta se producen escisiones en la formación de Santiago Abascal. Alfonso Galdón, que se presentó a las primarias para presidir Vox Murcia, ha decidido darle la espalda a su antiguo partido y formar él uno por su cuenta. Alegó “falta de democracia interna”. La candidatura de Galdón impugnó la del oficialista Jose Ángel Antelo ante el Comité Electoral de Vox el 19 de septiembre de este año por considerar que el proceso electoral estuvo “viciado desde el principio, con múltiples irregularidades”.
Por su parte los de Abascal desestimaron el recurso, lo que desembocó en la baja como afiliado de Galdón y de todos los miembros de su equipo. Fue entonces cuando adelantó su intención de formar un “nuevo proyecto político”.
Apenas dos meses después de lo sucedido, el pasado 11 de diciembre, la formación Valores quedó registrado en el Ministerio del Interior. Desde su página web se definen como “un partido político de personas dirigidos a personas, de corte humanista clásico apoyado e informado por los valores que se derivan del cristianismo que acuñó la palabra persona y le dio un nuevo contenido conceptual”.
Desde @valores_espana pedimos al presidente del gobierno @sanchezcastejon que cese a la ministra @IreneMontero por tomarnos el pelo a los españoles y gastar de manera indecente el dinero en cuestiones que la ciencia no ha demostrado. https://t.co/XY3nCzFD5b
— Alfonso J. Galdón (@alfonsojgaldon) December 13, 2020
Unas primarias que fueron muy perjudiciales para el núcleo de Vox, pues la brecha que se abrió no se ha vuelto a cerrar. Galdón emitió un comunicado en ese momento en el que aseguraba que «La candidatura de Antelo se presentó a los afiliados como el brazo armado de Vox en la Región, ninguneando así a los otros tres aspirantes y dando a entender que sólo era posible que ganaran ellos» y terminó con un tajante: «No merece la pena seguir. Es una pérdida de tiempo».
Túpatria, la otra escisión de Vox
No obstante, Valores no es la primera escisión de Vox. Hay que remontarse unos meses atrás, cuando militantes críticos con Abascal promovieron un nuevo proyecto: TúPatria. Entonces, los díscolos miembros escribían en grupos de Telegram que había llegado la hora de “presentar una alternativa al fiasco de Vox” y se definían como esa “alternativa deseada” a “todos los vividores que han menospreciado a la militancia que hizo grande el proyecto de Vox”. Su presidenta es Carmen Gomis y se considera una “liberal-conservadora porque soy una española que participa de una corriente que tiene su punto de partida en Carlos III y la ilustración, que continúa con Jovellanos, con los puritanos de la época isabelina y muchos más hasta nuestros días”.
El día de la presentación de nuevo partido liderado por Gomis, ésta declaró que defendería el derecho a la vida desde su concepción a la muerte natural con la posibilidad de establecer excepciones sujetas a plazos, bien cuando exista un riesgo grave para la salud de la madre o patologías del feto que la hagan inviable”. Si bien su ideología coincide bastante con la de Vox, disciernen en algunos puntos. En las redes sociales de Túpatria el partido se ha definido como liberal-conservador y Gomis se dedicó a atacar a su antigua casa, acusándola de “ultra”, “dictatorial” y “totalitaria”. Toda una malgama de tópicos que parecen no tener ningún fundamento coherente.
Galdón, detrás del pin parental
Alfonso Galdón saltó a las primeras páginas de la prensa nacional con su famoso –y disparatado-pin parental, esa medida por la que los padres pueden limitar la participación de los alumnos en talleres sexuales.
Los dos primeros párrafos del formulario propuesto por Vox, titulado ‘Pin parental. Solicitud de información previa y autorización expresa’, dice lo siguiente: «Ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad y contra mis principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que me asisten como padre, para que nuestros menores sean educados de acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a las mismas. Por todo lo anterior, me dirijo a usted para solicitarle: Que el Centro que usted dirige nos informe previamente a través de una AUTORIZACIÓN EXPRESA sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de mi hijo/a…»
Aunque parezca mentira, el pin parental lleva implantado en Murcia desde el pasado mes de septiembre. En agosto, la Consejería de Educación del PP, dictó una resolución con las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 en las que se establece que “se dará conocimiento a las familias” al comienzo de curso de “las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular” y son impartidas por personal ajeno al centro educativo “con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades”.
Esta resolución fue uno de los requisitos para que Vox apoyara la investidura del PP. Ahora ha servido para alcanzar un acuerdo con Ciudadanos para cerrar los presupuestos de la región. La condición que habían puesto los de Abascal es que la resolución adquiriera rango de decreto, además de que se creara un documento oficial y estandarizado para que todos los centros educativos tengan el mismo documento que se mandará a las familias. Al final, se ha llegado a un término medio: Cs respalda que haya una autorización previa expresa de las familias «en base a los preceptos consagrados en la Constitución». Este partido, de forma paralela, ha anunciado que va a recurrir las instrucciones de Murcia porque las ve «ilegales».
El Gobierno central se ha posicionado en contra de esta medida y advirtió a la Región que llevará a sus responsables a los tribunales en caso de no retirarlo. Los consejeros de Educación de nueve comunidades autónomas donde gobierna el PSOE también se han movilizado en su contra. El colectivo LGTBI también le ha declarado la guerra y ha pedido blindar los contenidos afectivo-sexuales en la educación recordando que estos talleres están recogidos en la Ley. Además, organizaciones como Save the Children considera la medida como «una vulneración del derecho de cada niño y niña a una formación integral, como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España».
