El PSOE tiene que pisar el acelerador si quiere evitar más desgaste político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido la noticia de que el Tribunal Supremo no hará caso a la Fiscalía, controlada por la exministra de Justicia Dolores Delgado, e investigarán la gestión de la pandemia. Esto ha sentado sentado como un tiro en Ferraz y ya se han puesto manos a la obra para intensificar los contactos con el Partido Popular para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial cuanto antes (que lleva en funciones dos años) para intentar frenar lo que consideran que puede ser una sangría. El PSOE espera elegir un nuevo presidente del Supremo a principios del año que viene. Y las fechas que barajan es que sea al menos antes de primavera.
Todo se ha precipitado porque el Supremo, a pesar de que a inadmitido a trámite la mayoría de las querellas y denuncias presentadas por partidos políticos, familiares de las víctimas o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero sí que ha abierto una puerta a investigar las muertes en las residencias, la omisión de las medidas de seguridad y de material de protección hacia los sanitarios y los policías e incluso una posible malversación de fondos públicos a la hora de contratar materiales para combatir la pandemia. Todo ello se ha leído en clave de «investigación de la gestión» desde el PSOE y ha hecho saltar las alarmas porque atenta contra la única obsesión de Pedro Sánchez: evitar el desgaste antes de las próximas elecciones generales.
El PP sigue completamente cerrado en banda en esta cuestión, pero saben que tienen la sartén por el mango y no piensan ceder a menos que el pacto sea muy beneficioso para ellos, es decir, que tengan una representación mucho mayor en vocales que la que dictaría la aritmética. Pero a esto hay que añadir que el presidente popular, Pablo Casado, también quiere forzar que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu queden completamente fuera de la negociación, algo que podría romper la unidad del bloque de la moción de censura y complicar lo que queda de legislatura a Sánchez. Si sale bien, el PP podría matar dos pájaros de un tiro: conseguir una representación en el CGPJ mayor que la que podría esperar y complicar el resto de legislatura al PSOE ahondando en las diferencias entre los socialistas y Unidas Podemos.
La fecha que se ha puesto Ferraz es antes de primavera. Quieren resultados cuanto antes y, aunque no puedan evitar lo inevitable, sí tener cierto control en el CGPJ durante la investigación de las muertes en las residencias y la compra de material de protección contra la pandemia. Fuentes de Ferraz no niegan las sospechas de que el Gobierno ha cometido grandes errores a la hora de reaccionar a la crisis del coronavirus. Se compró material y se gastaron grandes cantidades de dinero sin que necesariamente consiguieran su objetivo inicial: y si esto se judicializa, el PSOE puede salir muy mal parado.
El desgaste, de momento, afecta más al vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que al presidente Sánchez. El PSOE no sale tan mal parado en las encuestas como la formación morada, sin embargo, a cada sondeo electoral que se publica, se percibe un descenso en la intención de voto hacia el bloque que gobierna. Pero si esto se judicializa con errores cometidos durante la gestión de la pandemia en los dos años y medio que quedan, esa erosión puede dispararse hasta límites insospechados.
LA ENCRUCIJADA
Ahora Sánchez se ha visto envuelto en una encrucijada. Si accede a las exigencias del PP, es muy probable que genere una crisis entre los partidos que formaron la mayoría de la moción de censura. Tanto ERC, como Unidas Podemos como EH Bildu es posible que den la espalda al PSOE y le obliguen a acabar la legislatura en solitario en un momento en el que tener poder parlamentario es más importante que nunca. Y esto no es algo que el presidente del Gobierno se pueda permitir con la inversión europea de los fondos covid a la vuelta de la esquina.
Al otro lado de la balanza está la idea de negarse a aceptar las exigencias del PP y echarse en brazos de la incertidumbre judicial. Si opta por esto, el presidente se enfrentará no solo con los propios jueces, sino con la UE, que ya ha dado más de un toque de atención al Gobierno de España por no respetar la independencia judicial y estancar su renovación. El problema es que el CGPJ no puede estar así durante toda la legislatura, por lo que tendría explorar nuevas formas de renovar el Consejo General del Poder Judicial.
LA POLÉMICA REFORMA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso presionar al PP con una reforma del modo de elección de los vocales muy polémica. Quería que con una mayoría absoluta simple se pudiera renovar la cúpula del CGPJ sin necesidad de los tres quintos del Congreso de los Diputados y del Senado, algo que obliga al partido que gobierna a ponerse de acuerdo con el líder de la oposición. Con esta nueva modalidad, que no olvidemos que el Ejecutivo no ha descartado por completo, la misma mayoría parlamentaria que decidiría quién gobierna también elegiría a los vocales del Consejo. Algo que atentaría claramente con la separación de poderes, según declaro Bruselas en un par de cartas que ha remitido a Sánchez.
El PP ha asegurado que no pactará con el PSOE siempre que esta polémica reforma esté presente. Los socialistas, por su parte, han comentado que la quitarían siempre que Casado se dignara a buscar un acuerdo con los socialistas. Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero su Sánchez se lanza y lleva al Congreso esta nueva ley, puede que se ponga en contra a más de uno, empezando por muchos dirigentes de la Unión Europea. Por el momento, todo sigue parado a la espera de que se celebren las elecciones catalanas. Pero la primavera es una línea roja para renovar el Consejo General del Poder Judicial sí o sí. El Supremo, entre tanto, seguirá sus investigaciones en contra del criterio de la Fiscalía.
