Entre las medidas más polémicas defendidas por Vox se encuentra la supresión de los jurados populares. Para algunos, es una institucional que representa la participación democrática y para otros unos “jueces sustitutos” carentes de conocimiento jurídico.
Vox se posiciona en contra de los jurados populares al considerar que la Justicia debe ser impartida por «profesionales y no por personas que no conocen el Derecho«. A este partido no le gusta esta figura porque considera que «suele estar influido por la opinión pública».
Santiago Abascal, presidente de Vox, presentó su programa electoral con una serie de modificaciones en cuanto a la Justicia. Eliminar el jurado popular o suprimir el Tribunal Constitucional (TC), son algunas de las iniciativas del partido de extrema derecha.
En 2016, el 95,1% de las sentencias de los jurados populares fueron condenatorias, lo que supone un récord. Sin embargo, su protagonismo está de capa caída, ya que en 2015 solamente se llegaron a juzgar 289 casos por jurado popular en España. Una cifra que ha caído desde que se instauró este organismo en 1995, cuando el número de casos alcanzó 531 en su primer año en vigor.
La institución del jurado está recogida en el artículo 125 de la Constitución, que prevé que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”. Por lo tanto, para su eliminación sería necesaria una reforma constitucional.
LA JUSTICIA SEGÚN VOX
Recientemente, el líder de Vox ha exigido la cadena perpetua para casos como el asesinato de la profesora Laura Luelmo. “No son reinsertables, ni lo merecen, a pesar de que lo diga el buenísimo pogre. Los criminales así deben vivir y morir en prisión”, dijo Santiago Abascal.
Nuevamente, iniciativas defendidas por Vox son contrarias a la actual redacción de la Constitución, ya que un artículo de la Carta Magna establece que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad “están orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.
“No son reinsertables, ni lo merecen, a pesar de que lo diga el buenísimo pogre. Los criminales así deben vivir y morir en prisión”
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también es objeto de las críticas del partido de Abascal. En una de sus propuestas, Vox aboga por la recuperación de la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de los tribunales españoles.
De manera, persiguen que “terroristas, violadores y asesinos” no se beneficien del refugio de “organismos europeos”. Abascal atacó duramente el año pasado, a través de Twitter, al Tribunal de Estrasburgo: “Malditos sean el Tribunal de Estrasburgo, ZP y Rajoy que han llenado España de asesinos y violadores en serie”.
Francisco Serrano, exjuez y candidato por Vox en Andalucía, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia por “prevaricación dolosa” al modificar el régimen de visitas de un menor. Por su parte, Serrano se apoyó en el TEDH para ser escuchado tras su inhabilitación como magistrado.
Vox también planteó en su programa político la supresión del Tribunal Constitucional (TC). Su principal artífice fue el secretario general, Javier Ortega Smith, quien en 2015 aseguró que TC era una “correa de transmisión de los partidos”.
El partido de extrema derecha utilizó al Tribunal Supremo para querellarse contra el independentismo. Abascal y el abogado del partido Smith acusaron de «conspiración para la rebelión» al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Abascal señaló que la independencia de Cataluña era “un llamamiento a la rebelión violenta contra el Estado” y lo comparó con Eslovenia donde se estableció su propia Declaración Unitaria de Independencia (DUI). Torra ha citado la llamada vía eslovena como la ruta a seguir en su estrategia soberanista.
En otras ocasiones, el líder de Vox ya manifestó su preocupación por la “inacción” del Ejecutivo contra el proceso catalán. “La única respuesta del Gobierno de la nación ha sido el envío al Tribunal Constitucional de documentación”.
FUNCIONAMIENTO DE LOS JURADOS
En cualquier caso, no en todos los juicios puede intervenir el jurado. Sólo en siete circunstancias participan: asesinato, allanamiento de morada, omisión de socorro, incendios forestales, malversación de fondos públicos e infidelidad en la custodia de presos.
Los miembros que formen parte del jurado popular deben cumplir unos requisitos específicos, desde ser ciudadanos españoles hasta no haber sido condenado o procesados por la Justicia. El dato más significativo es que las personas que conformen el jurado no tienen por qué tener ni conocimientos ni titulación en Derecho.
En algunos de los casos más mediáticos en España, los jurados populares han intervenido juzgando a los culpables. Su figura, ha sido criticada por algunos sectores judiciales argumentando una menor profesionalidad de estos.
En el caso del asesinato de Diana Quer, el autor del mismo, José Enrique Abuín, El Chicle, fue acusado por delitos de homicidio y asesinato y condenado por un jurado popular. De la misma manera, los ciudadanos participaron en el veredicto del juicio de Marta del Castillo. En septiembre, otro jurado estimó que Ana Julia Quezada era culpable del asesinato y delito contra la integridad moral del pequeño Gabriel.
