El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, considera que la ley de eutanasia que se aprueba este jueves en el Congreso supondrá para los ciudadanos «tener que elegir entre el horror y el suicidio» y ha abogado por «garantizar por ley» que se informe a los pacientes de cuál es su diagnóstico, cuál son sus posibilidad y el acceso a unos cuidados paliativos «dignos y eficaces».
Así se ha pronunciado Francisco Igea, quien en 2017, siendo diputado de Cs por Valladolid, llevó al congreso de los Diputados una propuesta de ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de su vida, que fue aprobada por una inmensa mayoría del arco parlamentario y que reconocía el derecho de los pacientes a cuidados paliativos o a decidir la suspensión del tratamiento, pero que no llegó a entrar en vigor.
El vicepresidente de la Junta, médico de profesión, se ha mostrado «orgulloso» del trabajo que se hizo entonces para que se aprobara en 2017 dicha ley aunque ha explicado que «no entró en vigor» porque el PSOE «no quiso reconocer un régimen sancionador para quienes imcumplieran esos derechos», lo que para él «fue una triste desgracia».
Y es que, según Francisco Igea, si no se garantiza por ley que los enfermos conocerán cuál es su diagnóstico, se les ofrece cuidados paliativos «dignos y eficaces» y que van a ser ellos quienes tomen la decisión sobre su sedación «se les estará quitando la opción más importante», porque tal y como ha asegurado, en todos los años que ha ejercido como médico ninguno de sus pacientes le pidió morir, «todos querían vivir».
Por ello, para el vicepresidente de la Junta la ley de eutanasia «supone elegir entre el horror y el suicidio» y plantear esa elección a los ciudadanos es «una elección cruel», ha aseverado Igea, quien ha recordado que ha tenido que aplicar «sedación terminal» a muchos pacientes, pero eran conscientes de que se habían «agotado sus posibilidades».
No obstante, Francisco Igea ha aseverado que hay que respetar la voluntad de las personas y la eutanasia «a veces es la solución» pero ha reconocido que le resulta «difícil juzgar», al tiempo que ha augurado que a lo largo de la presente legislatura se aprobará la ley de garantías y derechos de las personas al final de la vida para dar a los castellanoleoneses «alternativa ante el horror y el suicidio».
