El PSOE, el PP y Vox han unido sus votos este martes en la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de las comisiones de investigación sobre las presuntas irregularidades que se achacan a Juan Carlos I solicitadas por Unidas Podemos y las formaciones independentistas de la Cámara, junto con Más País y Compromís.
Como ya viene siendo tradición, estas tres formaciones han vetado las iniciativas siguiendo el criterio marcado por los letrados del Congreso, que insisten en que tanto la Constitución como el propio Tribunal Constitucional impiden que la Cámara investigue al Rey emérito. Sólo Unidas Podemos se ha desmarcado de la mayoría apoyando la admisión.
La Mesa ha analizado, en concreto, dos peticiones: una liderada por Unidas Podemos –para investigar el uso de las tarjetas opacas de Juan Carlos I– y otra suscrita por ERC, Junts, EH Bildu, la CUP, el BNG, Más País y Compromís, para investigar la trama vinculada a las presuntas «ilegalidades e irregularidades» cometidas por miembros de la Casa Real, en especial el Rey emérito, qué sabía de las mismas su hijo Felipe VI y si se benefició de ellas.
Según el informe de los servicios jurídicos relativo a ésta última y que la mayoría de la Mesa ha utilizado también para frenar la impulsada por Unidas Podemos, no procede tramitarlas teniendo en cuenta «la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y especialmente los dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución».
NO SE PUEDEN CONTROLAR SUS ACTOS
El primero de ellos, recuerdan los letrados, establece las prerrogativas de «inviolabilidad» y de no sujeción a responsabilidad del Rey y recalcan que éstas son «absolutas, abarcan la totalidad del periodo en el que se ejerce la Jefatura del Estado» y «tienen efectos jurídicos permanentes».
En su escrito, los letrados también esgrimen los propios precedentes de la Cámara, así como la doctrina del Tribunal Constitucional para avalar su postura. En concreto, inciden en que el máximo garante de la Carta Magna dejó claro en una sentencia de 2019 «la especial protección jurídica que es propia al jefe del Estado, que se relaciona «con la persona y no con las funciones que el titular de la Corona ostenta» y que se «configura como un privilegio de naturaleza sustantiva».
Asimismo, subrayan que el Constitucional ha señalado que «la inviolabilidad preserva al Rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos» y que a ésta se une «la no sujeción a responsabilidad, en referencia a que no pueda sufrir la imposición de consecuencias sancionatorias por un acto que, en otro caso, el ordenamiento así lo impondría».
DECISIÓN «ARBITRARIA» Y POLÍTICA
El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, se ha declarado «estupefacto» por este nuevo veto, que ha tildado de «escandalosamente arbitrario» porque, a su juicio, no se ha tomado con fundamentos jurídicos, sino meramente políticos.
Tras denunciar que el asunto se ha zanjado sin apenas debate en el órgano de gobierno de la Cámara, Pisarello ha insistido en que Unidas Podemos planteaba circunscribir la investigación al uso de tarjetas opacas por parte de Juan Carlos I tras su abdicación, un periodo, en el que, según ha resaltado, la propia Fiscalía considera que no rige la inviolabilidad del ex jefe del Estado.
Pisarello considera que, al vetar esta iniciativa PSOE, PP y Vox, «degradan al Congreso», se ríen «en la cara de la ciudadanía» tratan a la a España como una Monarquía absoluta, similar a la de Arabia Saudí, en la que «llevar el apellido Borbón es tener carta blanca para delinquir hasta el fin de los días».
De su lado, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha quejado de que los servicios jurídicos no hayan hecho un informe específico sobre la petición de Unidas Podemos y ha avanzado que van a intentar que se pronuncien sobre la misma, desde el convencimiento de que no se puede justificar con el argumento de la inviolabilidad la negativa a investigar actos posteriores a la abdicación de Juan Carlos I.
DEFECTO DE FORMA EN LA INICIATIVA DE PODEMOS
Fuentes parlamentarias han precisado que inicialmente Unidas Podemos registró su solicitud sin el número de firmas suficientes para hacerlo y que por eso los letrados habían propuesto inadmitirla porno cumplir los requisitos formales. Al conocer esa posición, el grupo confederal volvió a registrar su iniciativa con las firmas de otros grupos y finalmente la mayoría de la Mesa ha optado por aplicar a esa petición los argumentos utilizados para rechazar también la de los independentistas y Más País.
«Entre las funciones del Congreso no está controlar a la Jefatura del Estado por eso nos hemos opuesto», se ha limitado a señalar el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas. En una línea similar, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha justificado su veto en que «desde el punto de vista constitucional, no ha lugar» a que la Cámara investigue este asunto.
De su lado, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha recalcado que el Congreso «no está para supervisar a la Casa Real». A su juicio, la Cámara sólo debe abrir comisiones de investigación relativas a personas a las que se le puedan exigir responsabilidades políticas, que no es el caso del ex jefe del Estado. Eso sí, ha dicho que si hay responsabilidades penales que dirimir, esa tarea corresponderá a los tribunales.
TAMPOCO LA COMPARECENCIA DE MONTERO
Además de la comisión de investigación, los independentistas, Compromís y Más País reclamaron que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicase ante el Pleno del Congreso las circunstancias en las que se ha producido la regularización fiscal del Rey emérito y «todas las actuaciones que el Gobierno» y su ministerio «han tomado y tomarán frente a los actos reconocidos de evasión fiscal» por parte de Juan Carlos I.
Esta iniciativa también ha sido vetada por la Mesa. Según han explicado fuentes parlamentarias, ni siquiera Unidas Podemos la ha apoyado y todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara la ha desestimado asumiendo que el artículo 95 de la Ley General Tributaria establece que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria tienen carácter reservado, con independencia de a quién se refieran.
