El Partido Popular quiere que los segovianos, como poco, se puedan librar de un peaje que lleva lastrando la importante vía AP-6 desde hace años. Pero el PSOE no solo no se lo plantea, sino que además se abre a que esta autopista sea de pago de por vida. Entonces, Iberpistas (ahora Abertis) consiguió una concesión que consiguió eternizar de forma ilegal, tal y como acredita una sentencia de la Unión Europea; Pero con vistas a que Abertis quitará sus manos de esta carretera en noviembre de 2029, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya baraja alternativas como que se siga cobrando peaje, pero esta vez el dinero acabará en las arcas del Estado. Algo que indigna a quienes tienen que utilizar esa carretera de forma asidua, especialmente a los segovianos que viajan a Madrid.
Transportes tiene claro que el sistema de carreteras español, ese que se formó con inversiones de la UE durante años, es insostenible. Los fondos destinados a mantener de forma óptima estas carreteras son insuficientes y Ábalos se ha visto obligado a lanzar varias veces el globo sonda de que es posible que todas las autopistas y autovías españolas sean de pago en un futuro no muy lejano. Dentro de este contexto, por supuesto que entra la polémica y conocida AP-6; y desde Transportes no se quieren pillar los dedos y no se atreven a garantizar que esta vía deje de ser de pago cuando se acaba la concesión (prorrogada de forma ilegal) a Abertis, antes Iberpistas, en el año 2029.
El Partido Popular empatizó con los segovianos que cogen de forma asidua esta carretera y propuso librar del peaje a los que estuvieran empadronados ahí. Sin embargo, el PSOE no está por la labor, ya que no puede permitirse el lujo de quitar peajes cuando en realidad lo que quieren es implantarlos en todas las carreteras españolas que puedan para recaudar algo más y poder cuadrar las cuentas. Ahora es posible que no se lleve a cabo por cuestiones electorales y por la crisis de la pandemia, pero en 2029 se espera que haya alguna solución.
Muchos están hartos de que esta concesión prorrogada de manera ilegal siga dando coletazos años después. Aún quedan nueve años para que se levante el veto y entre tanto Abertis seguirá engrosando sus cuentas a costa de una concesión puesta en entredicho por la UE. La emoción inundó algunos pueblos cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el final de esta concesión, aunque fuera mucho más tarde de lo esperado, pero los mensajes de Transportes ahora vuelven a ensombrecer una carretera que lleva años lastrada por un peaje.
Ábalos sabe que tiene que tomar una medida rápido. Es consciente de que el sistema de carreteras español es tan grande que excede la capacidad del Estado de sufragar los gastos que supone tener tanto asfalto. Ya ha lanzado en ocasiones su globo sonda de los peajes en todas las autovías y desde Transportes no se atreven a negar que esto vaya a convertirse en una realidad de aquí a poco, aunque fuentes del PSOE descartan que la iniciativa se lleve a cabo durante esta legislatura. Habrá que esperar a la siguiente. Por la crisis y por cuestiones electorales.
LA POLÉMICA CONCESIÓN
Iberpistas ha ganado mucho dinero con la concesión de la AP-6. Una media elevada, ya que los ingresos de 2016 superaron los 65 millones de euros. Es por eso que 50 años supieron a poco e Iberpistas y el Gobierno de Aznar llegaron a un acuerdo de prórroga de dicha concesión; concretamente entre 32 y 37 años más, algo que el Tribunal de Justicia Europea acabó por considerar ilegal por varias razones, como que las obras accesorias eran de un importe más elevado que la principal o que no fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero volvamos un poco más atrás.
“Serán 35 años de ignominia, desde que se adjudicó en 1999 esa concesión ilegal, que retratan a sucesivos y alternantes gobiernos de PP y PSOE avocados al servicio del lucro especulativo de las concesionarias de autopistas; retratan también a un Tribunal Supremo con la venda de la justicia ceñida en los ojos para ignorar el estado de Derecho, como se encargó de acreditar de form rotunda la justicia europea sobre cuestiones de fondo y de bulto gracias a la queja emitida a la Comisión Europea por la Asociación Centaurea y Comisiones Obreras de Ávila”, ha asegurado el entonces presidente de Centaurea, Carlos Bravo.
El Gobierno quiso llevar a cabo en los años 90 nuevas obras en la AP-6. Ampliaciones de carriles, un túnel más (dentro del que atraviesa la Sierra de Guadarrama) y conectar vía autopista a Segovia y a Ávila con la nacional 6. Y fue entonces cuando Comisiones Obreras de Ávila, bajo la dirección de Santiago Jiménez Gómez y siendo Secretario de Medio Ambiente Carlos Tomás Rodríguez, y la asociación Centaurea, cuyo presidente era Carlos Bravo, comenzaron un titánico combate que les enfrentó a Iberpistas, al Gobierno y al propio Tribunal Supremo. Todo, por regular, primero, que las conexiones no se hicieran a través de parajes naturales y, segundo, para que se construyeran autovías gratuitas desde Ávila y Segovia, no autopistas de pago.
