La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han presidido este miércoles el XX Pleno de la Comisión General de FP.
Se trata de la primera reunión del Pleno dirigida, desde una perspectiva integral, a situar las políticas formativas en el centro de la transformación económica que afrontará el país, tras la crisis sanitaria de la COVID-19.
«La Formación Profesional ha de acompañar necesariamente a estudiantes, empleados y desempleados. El cambio de modelo económico, el posicionamiento de nuestro país en la nueva economía mundial y, en definitiva, el bienestar individual y social, pasan por un sistema integral de Formación Profesional», ha explicado Celaá.
Díaz, por su parte, ha resaltado la importancia de la formación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Hemos sido capaces de adaptar, con rapidez y flexibilidad nuestros instrumentos formativos pasándolos a modalidades on line e incorporando la utilización del aula virtual a las acciones formativas que impulsamos en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral».
Este nuevo sistema responde a la reestructuración de los departamentos ministeriales que se produjo el pasado mes de enero. A partir de esa fecha, y de forma alterna, ambos ministerios se encargan de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de Formación Profesional del sistema educativo y para el empleo.
«El Gobierno ha apostado por este nuevo modelo con el profundo conocimiento de los límites que la realidad imponía al sistema actual, y con la visión de futuro de lo que queremos del sistema en los próximos años», ha añadido la titular de Educación.
Díaz, por su parte, ha puesto en valor el esfuerzo y el trabajo desarrollado por el Ministerio de Trabajo para que los Certificados de Profesionalidad, las acreditaciones de la experiencia laboral y la red de Centros de Referencia Nacional se hayan convertido en «una realidad conocida y compartida» en todo el ámbito formativo.
Además, Celaá ha destacado que, con esta apuesta, el Pleno del Consejo General de FP adopta un papel más relevante, convirtiéndose en un órgano imprescindible para la consulta y el trabajo conjunto de todos los agentes implicados en el proceso modernizador de la Formación Profesional puesto en marcha por el Gobierno.
Asimismo, la ministra de Educación ha propuesto la creación de grupos de reflexión para hacer propuestas en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional y en la regulación de esta formación, con la participación de todos los agentes con representación en el Consejo General de la Formación Profesional.
FORMACIÓN DUAL, DE CALIDAD Y CON DERECHOS
Díaz ha aludido a la reforma de los contratos formativos para fortalecer y diversificar los objetivos de «una formación dual de calidad y con derechos, con relación laboral, a través de los nuevos contratos cuya reformulación surgirá del diálogo social, en el marco de reforma hacia el nuevo Estatuto de las personas trabajadoras del SXXI».
«El Diálogo Social, la Negociación Colectiva y el Sistema Nacional de Empleo deberán poner al sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en el centro de su atención», ha dicho.
La ministra de Trabajo, que ha puesto en valor la labor de Fundae y del SEPE, se ha referido al peso específico de las políticas formativas entre los sectores más vulnerables, la población más joven y los parados de larga duración, incidiendo en la regulación del acceso a la formación como colectivos prioritarios de los trabajadores en ERTE y ha recordado la inversión de 50 millones de euros en la convocatoria de acciones formativas para la transformación digital por parte del Ministerio de Trabajo.
