El ‘Informe de Denúncies dels Drets Lingüístics al País Valencià 2020’, elaborado por diversas entidades sociales, recoge una quincena de casos en los que los valencianohablantes han sufrido «discriminación» y han visto «vulnerados sus derechos».
El estudio ha sido elaborado por Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua, Plataforma per la Llengua, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, SEPC, STEPV, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), FAMPA-València, Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet i Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV).
El documento recoge casos como el de un usuario del Centro de Salud de Vinaròs (Castellón) dado que había sufrido un robo con violencia física y necesitaba atención médica y un informe médico que acreditara las lesiones con el fin de aportarlo a la denuncia. Cuando empezó a explicarle al médico lo que le había pasado, este le interrumpió y le dijo: «¡en castellano!», por lo que el paciente se dirigió a él en esta lengua.
Ya fuera de la consulta, pidió a la administrativa del centro el formulario de la Generalitat para hacer su queja, pero le fue entregada una hoja en blanco, hecho que el paciente interpretó como una burla, y pidió un formulario oficial. Según su relato, después llegó el doctor y le dijo a la funcionaria: «¿Qué? ¿La está liando, no? Llama a la Guardia Civil». Y se dirigió al paciente para espetarle: «Si no te vas, llamamos a la Guardia Civil».
Así lo hizo la administrativa, por lo que se personaron tres agentes para identificarlo. Los guardias civiles dijeron al hombre que tenían que hablarles en castellano, a lo que el usuario respondió que él puede expresarse en cualquier de las dos lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana. A continuación, siempre según el informe, «lo cogieron entre los tres y lo echaron del Centro de Salud a la fuerza».
Fuera, un guardia civil le dijo: «Vamos a denunciarle por alterar el orden, márchese a casa». Seguidamente, al marchar los agentes, el hombre volvió al centro de salud, donde, en un primer momento, le negaron el acceso, aunque, posteriormente, le abrieron. Una vez dentro, cogió las dos copias del formulario oficial de queja de la Generalitat Valenciana y marchó.
Otro de los casos que recoge el informe es el de Empar, una ciudadana nacida en Mislata (Valencia), que vive en Badalona. En su documentación oficial su nombre aparecía en castellano (Amparo) por lo que decidió traducirlo para que coincidiera con su nombre real en valenciano. En octubre de 2019 fue al Registro Civil de Badalona para pedir el cambio, pero le dijeron que la gestión la tenían quehacer en Mislata. Aquel mismo mes, Empar se puso en contacto con las oficinas del Registro Civil de su ciudad natal para solicitar el cambio. Aun así, recibió una respuesta en la que solo le decían que la forma como lo había pedido no era correcta.
Aprovechando que el mes de febrero de 2020 estaba en València, Empar fue a las oficinas de Mislata personalmente. La funcionaria que la atendió usó «un tono muy provocador», según la versión de la usuaria, y, en concreto, le dijo que las normas eran iguales «en todo el Estado español, incluida Cataluña» y que aquel día «no tocaba» aquel tema. La mujer no explicó a Empar por qué no lo podía hacer ni cuáles eran los pasos que tenía que seguir, por lo que se fue sin haber podido hacer el trámite.
Además de denuncias personales, el informe apunta que la Comunitat Valenciana sigue sin recibir emisiones de medios como TV3 y Catalunya Ràdio, que grandes plataformas de streaming «continúan sin tener en cuenta el catalán», que la mayor parte de las federaciones y clubs deportivos valencianos siguen sin emplear la lengua propia en webs y redes; o que la aplicación del Ministerio de Sanidad RadarCovid distingue entre catalán y valenciano.
RECHAZO A SENTENCIAS DEL SUPREMO
Además de la presentación del informe, este 4 de diciembre se ha conmemorado el Día de los Derechos Lingüísticos a las puertas del Palau de la Generalitat. Al acto han acudido representantes de las entidades sociales, que han pedido una reunión al ‘president’, Ximo Puig, con el fin de manifestarle el rechazo a las cuatro sentencias del Tribunal Supremo (TS) contra el Decreto 61/2017 del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat.
Las entidades sociales creen que estas resoluciones judiciales «continúan obviando la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias» e «ignoran la jurisprudencia fijada por muchas sentencias del TS y del Tribunal Constitucional que validan la equivalencia legal de la doble denominación de ‘valenciano’ y ‘catalán'».
También lamentan que «ningunean la práctica normalizada de relaciones entre los gobiernos que tienen lengua compartida y que cuenta con la cobertura legal de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la vez que crea un problema donde no existía».
En esta línea, reprochan que «las cuatro sentencias del TS suponen un grave ataque contra el autogobierno del pueblo valenciano y son también un desprecio a las autoridades académicas que reconocen la unidad de la lengua, así como un intento de impedir que el valenciano supero su condición de lengua minorizada y discriminada».
Estos colectivos piden que la Generalitat Valenciana «trabaje en positivo para la mejora social del valenciano» e insisten en que «hay que avanzar hacia la igualdad con una Ley de Igualdad Lingüística y la cooperación con los gobiernos de Cataluña y las Islas Baleares, para continuar sumando mayorías sociales y políticas».
Por último, reclaman a la Generalitat que entre a formar parte del Instituto Ramon Llull y que se ejecute el acuerdo de Les Corts Valencianes para la reciprocidad de las radios y televisiones públicas de los territorios con lengua compartida.
