La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su rechazo a la proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso sobre igualdad lingüística persigue «imponer» el uso de las lenguas cooficiales en la administración central, lo que a su juicio «cercena» el derecho constitucional de acceder a la administración por parte de cualquier ciudadano.
Además, ha censurado que la iniciativa se enfoca desde una «perspectiva mal entendida de nacionalismo que parece obedecer a una voluntad de control de la administración y de sus empleados y acabar con el castellano como lengua oficial del Estado».
Así ha reaccionado a la PNL registrada por Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG, que insta poner fin al «imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal» y se permita el uso de las diferentes lenguas del país en instituciones nacionales con independencia de su ubicación.
Entre ellas, los grupos firmantes citan las Cortes Generales (Congreso y Senado), así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española.
En un comunicado, el sindicado ha criticado esta iniciativa «pervierte el espíritu» del artículo 3 de la Constitución al «pretender imponer las lenguas cooficiales en el conjunto de la Administración del Estado.
Para CSIF, la Constitución ya reconoce la oficialidad de las lenguas diferentes al castellano en sus respectivas comunidades autónomas y las administraciones, incluido la estatal, y garantiza, mediante las distintas relaciones de puestos de trabajo, «la atención a los ciudadanos en las lenguas cooficiales, como no puede ser de otra manera».
Sin embargo, ha subrayado que el conocimiento de las lenguas cooficiales debe ser considerado un «mérito, pero nunca un requisito para acceder a un puesto de trabajo en la Administración (conforme la normativa y los diferentes pronunciamientos por parte de los tribunales».
«ACABAR CON EL CASTELLANO»
De lo contrario, se estaría «cercenando el derecho constitucional a acceder a la Administración por cualquier ciudadano, viva donde viva, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad».
A juicio de CSIF, la sociedad española «ya reconoce, respeta y protege la riqueza de las diferentes lenguas españolas», por lo que este tipo de iniciativas «pretenden desunir y romper el principio de igualdad desde una perspectiva mal entendida de nacionalismo que parece obedecer a una voluntad de control de la administración y de sus empleados y acabar con el castellano como lengua oficial del Estado».
