El Código Penal establece que los que invadan el local donde se encuentre el Consejo de Ministros o pongan obstáculos a la libertad del Gobierno en esta reunión podrán ir a prisión entre dos y cuatro años. Esta previsión legal puede complicar la convocatoria de protestas contra la reunión del Ejecutivo en Barcelona, el próximo 21 de diciembre, por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) .
A través de su cuenta de Twitter, estos comités han bautizado la movilización con el lema “el #21D serem ingovernables”. En estos mensajes, llaman a tomar las calles, organizar la respuesta y preparar la resistencia. Uno de los hashtag bajo los que organizan la movilización en esta red social es #TombemElRègim.
Otros mensajes recuerdan la frase del dramaturgo Bertolt Brecht: “Quien no comparte la batalla, compartirá la derrota”. Las llamadas a la movilización convocan el 21 de diciembre, a primera hora de la mañana, en la Llotja de Mar, en Barcelona, el lugar donde tiene prevista su celebración el Consejo de Ministros.
El artículo 503 del Código Penal señala que incurrirán en la pena de prisión de dos a cuatro años “los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros”, así como “los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo”.
El lugar elegido para la reunión se encuentra en el centro de la ciudad, lo que podría complicar los dispositivos policiales de protección. Los Mossos han expresado a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, su preocupación por la localización de la reunión. La policía catalana defiende que el despliegue policial sería más efectivo en el Palacete Albéniz, que se localiza en Montjuïc.
La Llotja de Mar es un edificio monumental situado en el centro de la ciudad, muy cerca de la plaza de Sant Jaume y del parlamento de Cataluña. En declaraciones a Onda Cero, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern catalán, Elsa Artadi, señaló que “no es el lugar más idóneo” para la celebración del Consejo de Ministros, no por un “criterio político, sino técnico”, que asoció a razones de movilidad.
Artadi también señaló el “malestar” de una parte de la sociedad catalana con la fecha en que se celebrará, que, a su juicio, tiene “un punto de provocación”. El 21 de diciembre se cumple un año de las últimas elecciones catalanas, que fueron convocadas después de que fuera disuelto el Gobierno de la Generalitat con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Cuando la vicepresidenta Carmen Calvo anunció el pasado mes de noviembre la decisión del Gobierno de celebrar una de sus reuniones en Barcelona recordó que el presidente Pedro Sánchez se había comprometido a devolverle la visita al presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando fue recibido en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio.
Calvo afirmó que “si el Consejo de Ministros es en Barcelona, el presidente Sánchez saludará y se reunirá con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes”. Esta respuesta se producía después de que Torra hubiera invitado a Sánchez a visitarle en Cataluña el pasado mes de septiembre. El Gobierno central, sin embargo, ha preferido la fórmula de la celebración del Consejo de Ministros, como el que tuvo lugar en Sevilla en octubre, una decisión que iguala la relación entre el Ejecutivo central y todas las comunidades.
“Si el Consejo de Ministros es en Barcelona, el presidente Sánchez saludará y se reunirá con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes”
El anuncio de las movilizaciones de los Comités de Defensa de la República en Cataluña se produjo el mismo día en que el Gobierno central reiterara que el Consejo de Ministros se celebraría en Barcelona. La confirmación se produjo después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, expresara como “opinión personal” que no había que “empecinarse” en mantenerla.
El contexto estaba además caldeado por las reacciones a las movilizaciones de los CDR, que cortaron varias autopistas de peaje. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre si los Mossos mantuvieron una actitud pasiva y no impidieron estas interrupciones del tráfico. Esta situación ha llevado al Partido Popular y Ciudadanos a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución y dejar en suspenso la autonomía de Cataluña.
Esta misma semana se produjo también otra polémica, esta vez por las palabras del president Torra en las que llamó de nuevo a seguir la llamada “vía eslovena” hacia la independencia. Estas palabras fueron descalificadas por la oposición a su Gobierno, que le recordó la guerra que sufrió este país.
Torra puntualizó posteriormente que la vía eslovena que él reclama termina en su declaración de independencia, y no en la guerra que vino a continuación. Este conflicto se desarrolló en los diez días posteriores a la declaración de independencia, en los que se produjeron 62 muertos.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó las manifestaciones de Torra como una grave irresponsabilidad, debido a que éste propusiera esta vía “con todas las consecuencias” y “dispuestos a todo”. Para Borrell, las palabras de Torra suponen “apelar a una solución violenta”.
