La crisis sanitaria por el coronavirus ha tenido en las residencias de mayores uno de los puntos más afectados y ha llevado a la Xunta de Galicia a intervenir, desde la primera ola, una docena de centros. En este marco, la futura ley de salud de Galicia regulará, para eliminar trámites administrativos, el proceso para llevar a cabo esta acción.
Con todo, la Consellería de Política Social, que dirige FAbiola García, viene de negociar con las fuerzas sindicales un protocolo para la intervención de los centros, que significa la puesta en marcha de equipos de intervención rápida, uno por cada provincia y conformado por auxiliares de enfermería, que estarán ‘listos’ para actuar cuando se decida la intervención de un centro.
Este protocolo ha sido analizado por el Consello de la Xunta este jueves, como ha confirmado en la rueda de prensa posterior, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.
Estos equipos están diseñados, destaca la consellería, para «actuar con la máxima velocidad y atajar el avance del virus» en una residencia intervenida por el Gobierno gallego. Se trata, pues, de una decisión enmarcada en la estrategia de actuación en centros de mayores y personas con discapacidad para «reforzar la capacidad de prevención y detección temprana» de brotes de covid-19.
Los equipos de intervención estarán formados por auxiliares de enfermería, que están dentro del cuadro de personal de la Consellería de Política Social.
Con carácter general, habrá un equipo por cada provincia y cada uno de ellos estará formado por un mínimo de diez profesionales. A estos equipos de intervención se podrá unir el personal de forma «totalmente voluntaria» y sus miembros continuarán en el puesto de origen hasta que sean llamados para esta actuación.
El acuerdo con los sindicatos supondrá, además, un complemento especial del 19 por ciento, lo que supondría unos 300 euros brutos al mes.
Otra de las cuestiones que se negociaron con la representación de los trabajadores y en la que hubo acuerdo, como han conformado fuentes de la consellería y de los sindicatos, son los descansos tras la ‘misión’. Así, estos trabajadores contarán con «cinco días de descanso» tras su labor en las residencias intervenidas.
«PERSONAL CON LA MÁXIMA CELERIDAD»
El objetivo de esta medida es «adaptarse a la nueva circunstancia surgida de esta pandemia», lo que hace «necesario» poner personal «con la máxima celeridad a disposición de las residencias» que interviene la Xunta.
Además, esta actualización de la estrategia contempla otras medidas anunciadas, recuerda Política Social, como son la frecuencia duplicada de los cribados por PCR a los trabajadores del 100 por cien de las residencias, de forma que pasan de ser quincenales a semanales.
También se han dispuesto test de antígenos a todas las residencias, se realizarán dobles cribados –por PCR y antígenos– en una residencia por área sanitaria, se harán estudios serológicos en todos los centros, se practicará un cribado quincenal por PCR a todos los usuarios de las residencias en las que no hubo casos –las llamadas residencias blancas–, y se llevará a cabo un auditoría intensiva a lo largo de 15 días para verificar el cumplimiento de los protocolos y de las medidas de protección por parte de todas las residencias de Galicia.
LEY DE SALUD DE GALICIA
En la futura ley de salud de Galicia –que reforma la vigente–, se incorpora un nuevo artículo 38 sobre la intervención de servicios sociales, para los casos de «riesgo inminente y grave para la salud de la población», como crisis sanitarias o epidemias.
En ese caso, la autoridad sanitaria autonómica competente, y «siempre atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad» y a la «situación de vulnerabilidad de las personas mayores, con discapacidad o de otras personas usuarias», podrá intervenir los centros de servicios sociales de carácter residencial, públicos o privados, y disponer distintas actuaciones.
El texto habilitará a la Xunta a que «asuma o controle» la asistencia sanitaria de las personas residentes con el personal sanitario propio del centro; ordenar, por motivos de salud pública justificados, el alta, la baja, recolocación y traslado de las personas residentes a otros centros residenciales, «con independencia de su carácter público o privado». La adopción de estas medidas requerirá la colaboración «voluntaria» de las personas afectadas o, si no la hay, «la necesaria garantía judicial».
Además, permitirá a la autoridad sanitaria «establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de centros residenciales» o modificar la capacidad u organización de los existentes. También habilitará a la Xunta a «supervisar y asesorar» en las actuaciones que lleve a cabo el personal sanitario y no sanitario, de ser el caso, del centro».
A través de la futura ley, «también se designará un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros», que «sustituirá plena o parcialmente» al personal directivo del centro, y que «pondrá disponer de los recursos materiales y humanos del centro residencial intervenido», así como «de los recursos vinculados a la actividad sanitaria asistencial que se les preste de forma habitual a las personas residentes en él».
En el texto también se recoge que podrá acordarse «un apoyo puntual al centros con personal, de ser necesario» y se incluye que la intervención tendrá «carácter temporal» y su duración «no podrá exceder la necesaria para atender la situación que la originó».
