La Ley Celaá sigue haciendo ruido. Lo último está relacionado con el temario que corresponde a la asignatura de Historia de España en 2º de Bachillerato. En Cataluña se van a dejar por el camino el 40% de la materia, tal y como adelantó «El Mundo». Es decir, los alumnos empezarán a estudiar historia desde el año 1803, que corresponde a la construcción del Estado liberal. O lo que es lo mismo: en el territorio catalán dejarán de existir los Íberos, los Visigodos, el Al-Andalus, la Edad Media, los Reyes Católicos, los Austrias o la instauración de la dinastía de los Borbones en España. Todo esto, por cierto, para una prueba que determina el acceso a las universidades de toda España y que todos los estudiantes del país tienen que pasar. ¿Igualdad de condiciones?
La polémica en torno a las pruebas de acceso a la universidad no ha cesado y es que, todos los años, los alumnos se quejan al considerar que el examen es más difícil dependiendo de la comunidad autónoma en que se haga. El pasado 2019 la, por entonces, ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, rechazó una única prueba de Selectividad para toda España alegando que supondría “un empobrecimiento del currículo”. Por su parte, la oposición (PP y Cs) presentó una proposición no de ley en el Congreso para que la EBAU, EvAU, PBAU o PAU sea la misma en todo el territorio español. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendió un único examen para que la entrada a la universidad “no dependa de dónde viva uno”, dijo en su día a COPE.
Un año después de esto, con la Ley Celaá de educación sobre la mesa, se ve lejos la posibilidad de que todos los alumnos tengan el mismo examen. Así la prueba de acceso de 2021 será parecida a la que los estudiantes realizaron el julio y el septiembre pasados: una única opción con más preguntas a elegir. De esta forma, respecto a años anteriores, se han suprimido las dos opciones de examen para elegir y desarrollar una de ellas. Esta medida ha sido consecuencia directa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus: con las clases suspendidas desde marzo, el profesorado se había visto incapaz de terminar el temario por lo que, sumado a las dificultades añadidas del estado de alarma, la materia explicada no era homogénea en toda España.
La izquierda no independentista se desmarca de Celaá
El pasado 2 de diciembre se manifestaban en Barcelona doce colectivos, quienes se definen como “la izquierda constitucional y no nacionalista”, en contra de la Ley Celaá. Asociaciones como Izquierda En Positivo, el Partido Feminista Dcide, UNIDOS SÍ y Somos España se han concentrado frente a la delegación del Gobierno de la ciudad condal en contra de la nueva ley de educación que han impulsado PSOE y Unidas Podemos y uno de cuyos puntos más polémicos es la erradicación del castellano del sistema educativo catalán. Entre las personas convocantes se encuentran el vicepresidente de la Sociedad Civil Catalana, Javier Marín, Antonio Robles o el excandidato a secretario general de Podemos en Cataluña, Enric Martínez.
El digital «El Español» ha tenido acceso al manifiesto presentado por estas asociaciones. El texto incluye “quince razones para rechazar y combatir la Ley Celaá”, aunque, tal y como cita el diario, “todas se centran en la polémica enmienda pactada entre el Gobierno de España y ERC que elimina la enseñanza de carácter oficial en español, negando el derecho constitucional de cualquier padre o alumno a usar esta lengua en el ámbito escolar y en sus relaciones con la administración y los educadores”.
Además, critican que la Ley Celaá no se centra en la mejora del sistema educativo ni “de controlar e impedir el adoctrinamiento ideológico y partidista en las aulas” sino de “favorecer el apoyo al separatismo independentista, adoctrinando en el odio y el rechazo de todo lo que se refiera a España y al español” según informa el digital.
