Amnistía Internacional ha denunciado que, desde marzo, cuando comenzó la pandemia de la Covid-19, se han vulnerado «al menos cinco derechos humanos» de las personas mayores en residencias en España y advierte de que en estos momentos podrían volver a sufrir algunas de ellas.
En un nuevo informe titulado ‘Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España’, Amnistía Internacional precisa que en las residencias «se ha violado el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación de las personas mayores, a la vida privada y familiar y a la muerte digna».
En concreto, la ONG documenta en esta investigación cómo la «mayoría» de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones durante semanas, sin contacto con sus familiares, «violando su derecho a una muerte digna», durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.
«En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna», ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
La organización ha constatado que durante todo marzo, la falta de medios adecuados y suficientes fue «prácticamente absoluta» en la mayoría de las residencias en Madrid y Cataluña. «Sencillamente no había Equipos de Protección Individual (EPI) para residentes y personal», se lee en el documento.
Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, cuenta a la organización que cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo, ya que no les daban EPIs, optaron por hacerse «los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico».
El informe también concluye que hubo una «falta de test para residentes y personal». El director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid manifestó a Amnistía Internacional cómo el «mayor vector de contagio fue el personal». «Esparcimos el virus», lamenta Silvia, trabajadora de la residencia pública de Madrid, que tuvo que darse de baja por sintomatología compatible a finales de marzo sin PCR.
En casos de personas fallecidas durante el pico de la pandemia, la ONG ha constatado que «no se realizaron PCR a las personas residentes y en sus certificados médicos de defunción se hace constar ‘sintomatología compatible con COVID-19′».
Según relata una doctora de un hospital público a Amnistía, durante un tiempo, en su hospital las instrucciones fueron no hacer PCR a las personas con sintomatología de coronavirus y tratarlos como ‘caso posible'».
A fecha de noviembre de 2020, las autoridades de las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña con las que se ha reunido Amnistía Internacional aseguran estar realizando test diagnósticos tanto a los residentes como al personal de los centros residenciales.
Además, Amnistía Internacional ha documentado «extensamente» en Madrid y Cataluña la denegación de derivación a hospitales «en base al lugar en el que residían y otros criterios generales –como la edad o grado de discapacidad, estado de salud (ser pacientes confirmados o con sospecha de COVID-19)– sin una valoración individualizada», lo que «vulneró manifiestamente su derecho a la no discriminación».
Según precisa el informe, la no derivación en Madrid estaba prevista en protocolos, que establecían instrucciones y criterios para valorarlo. Mientras, en Cataluña, el Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del Departamento de Salud, recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus, y hacía referencia al criterio de futilidad.
La ONG ha recogido numerosos testimonios como el de Catalina, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña. El médico le dijo que «tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así». Le había dicho que al auscultar parecía que tenía neumonía y no mejoraba con el antibiótico. Cuando Catalina dijo que ella lo llevaba al hospital, el médico le dijo que «no podía».
Otro médico de un centro de atención primaria (CAP) catalán que colaboraba con una residencia reconoció indignado que «hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo».
Según precisa Amnistía, durante finales de marzo y principios de abril, las escasas derivaciones fueron resultado de la insistencia de las familias. Montse, hija de Vicenta, de 72 años y con esquizofrenia, de una residencia en Cataluña, relató cómo tuvo que advertir a la residencia con interponer una denuncia y personarse en el centro, logrando así que la doctora llamara al SEM para derivar a su madre, que finalmente, después de un tiempo en el hospital, se recuperó.
A la nuera de Antonio Cintas, de 86 años, que falleció el 27 de marzo de 2020 en una residencia pública de Madrid para grandes dependientes, el doctor del centro le dijo, cuatro días antes de morir, que no hacía falta derivarle al hospital porque no estaba «tan grave».
En el caso de los mayores que sí llegaron al hospital, la ONG ha documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital «en situación de deshidratación y desnutrición, en muy mal estado».
Asimismo, Amnistía advierte de que muchas personas residentes han estado «durante semanas» enteras prácticamente incomunicadas en sus habitaciones sin contacto con el mundo exterior ni con sus familias. La organización denuncia que este «encierro de facto» en las residencias supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores.
Elena Valero perdió a su padre en marzo en una residencia de Madrid, a apenas 300 metros de distancia de su casa. «Fue horrible saber que se estaba muriendo tan cerca y que no podía cogerle la mano, despedirme de él», relata.
Amnistía Internacional señala que, pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones de derechos humanos hacia las personas mayores siguen vigentes en la segunda ola de pandemia.
Así, advierte de que siguen sin estar garantizadas las visitas a familiares; que las disposiciones discriminatorias en los protocolos de derivaciones de Madrid y Cataluña no han sido aún modificadas, y que todavía no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes.
En este contexto, Amnistía Internacional recomienda a las autoridades, y en particular a Madrid y Cataluña, que aseguren que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base a «evaluaciones individualizadas», eliminando las disposiciones discriminatorias de los protocolos de derivación a hospitales; y que garanticen el contacto regular de familiares y residentes.
Más a largo plazo, aconseja al Gobierno impulsar la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado; y sugiere que la Fiscalía siga de cerca la situación en las residencias e impulse investigaciones de rendición de cuentas.
