El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) exigen que las personas con discapacidad estén presentes en la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia del Covid19 y recuerdan que es uno de los colectivos «más castigados» por la misma.
Así lo recogen en el manifiesto publicado con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra este jueves 3 de diciembre, y que la entidad ha elaborado para dar visibilidad al «impacto exacerbado de la pandemia» en las personas con discapacidad y sus familias y de la «devastación intensa y extensa» que ha afectado a este grupo de la población.
Desde el CERMI señalan que, si las estructuras y redes de apoyo de estas personas siempre han sido «precarias» y ahora, tras los meses del coronavirus, son «casi exhaustas».
El texto señala que, durante estos meses ha habido multitud de informes, estudios e investigaciones que evidencian las generalizadas violaciones de derechos que las personas con discapacidad, sobretodo personas con discapacidad mayores, han experimentado en este tiempo de pandemia y que el CERMI califica como «una cartografía del lado oscuro» de estos meses y de «su alargada sombra para los próximos».
«UNA AUTÉNTICA COGOBERNANZA»
Para conseguir la «anhelada reconstrucción social y económica» el CERMI aboga por una alianza entre los poderes públicos, el tejido empresarial y la sociedad civil organizada, para «llevar a cabo una auténtica cogobernanza».
Entre las medidas concretas que plantea la plataforma representativa de la discapacidad en España para que las personas con discapacidad estén en la reconstrucción social, destaca la creación «inmediata» en los presupuestos un Fondo de rescate de emergencia postpandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el tercer sector de acción social de ámbito estatal.
También reclama la constitucionalización, con la categoría de fundamentales, de los derechos sociales en la Carta Magna y atribuir al Estado el carácter de regulador y garante último de esos derechos sociales.
El movimiento social de la discapacidad también pide un nuevo marco estatal para la inclusión laboral, «acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad», apoyos de los poderes públicos para que las personas con discapacidad puedan elegir cómo y dónde vivir, y cómo desarrollar un proyecto de vida libremente elegido, la existencia de «un auténtico espacio sociosanitario o la dotación de recursos para quienes viven en el medio rural.
Por último, el CERMI asegura que es necesario que «los fondos europeos movilicen los recursos suficientes que tengan como destino promover activamente la inclusión social de las personas con discapacidad» y que esta financiación permita «acometer la reconstrucción social, económica y tecnológica tras la pandemia del coronavirus Covid19 con el fin de generar un cambio social en todos los ámbitos de la sociedad».
