La Dirección General de la Policía Nacional cuenta desde finales de noviembre con un plan operativo que solicita a las comisarías generales que envíen información periódica sobre movimientos radicales o criminales vinculados a la ocupación de viviendas, así como monitorizar las redes sociales y fuentes abiertas para detectar manuales que inciten a cometer este delito. La Guardia Civil, por su parte, también ultima su propio plan, según confirman fuentes del Instituto Armado.
El plan anti-okupas de la Policía, con fecha de 27 de noviembre, se remite a las instrucciones de la Fiscalía y de la Secretaría de Estado de Seguridad. Hace dos meses, el Ministerio del Interior estableció criterios comunes para elaborar atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en aquellos casos de delito flagrante.
De la Comisaría General de Información requiere, en concreto, un breve informe valorativo sobre casos en los que la ocupación o la usurpación de inmuebles esté vinculada a movimientos radicales, apoyándose para ello en las brigadas periféricas dentro de sus competencias.
Explorará de esta forma páginas web o portales donde se difundan manuales de ocupación con instrucciones para acceder a las viviendas, así como la forma de «reaccionar ante la llegada de agentes o las pautas de cómo defenderse jurídicamente».
Interior explicó hace dos meses que, sin desatender las alternativas para colectivos vulnerables, quería que los agentes dejaran constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua. La Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía incide en esto al referirse a la «tendencia al alza de la ocupación ilegal de viviendas en España», reconociendo que «está generando una grave sensación de inseguridad entre los ciudadanos».
LA DAO RECOPILA LA INFORMACIÓN POR TRIMESTRES
La Policía establece que la DAO, a través de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), recopile de forma trimestral información que «genere inteligencia sobre el fenómeno» a partir de las actuaciones de las comisarías generales de Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras, así como de las jefaturas superiores de las diferentes comunidades autónomas.
Las comisarías de Policía Judicial y Extranjería tienen que informar de organizaciones criminales para evitar la «consolidación de grupos dedicados a la localización y usurpación de viviendas» o que «desarrollen otras actividades ilícitas posteriores a la ocupación».
En el caso de Extranjería, el plan recuerda que «aplicará en la dinámica operativa de la intervención policial frente ocupaciones ilegales los procedimientos existentes de actuación a adoptar en virtud de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social».
La Comisaría General de Seguridad Ciudadana tiene que informar de las «incidencias más relevantes» a través de una tabla Excel, recabando datos de las jefaturas superiores a excepción de Cataluña y País Vasco, según reza en el documento del plan operativo.
También se alude a la participación de la División de Cooperación Internacional para «explotar los canales con las autoridades de los países afectados, fomentando el intercambio de información», así como a la División de Formación para establecer programas encaminados a «garantizar la actuación correcta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus intervenciones».
