El abogado de la familia Franco, Antonio Gil, ha trasladado, en la vista sobre las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en relación al pazo de Meirás –el inventario de los bienes y la prohibición de trasladarlos hasta que lo acuerde la jueza–, que sus clientes estarían abiertos a la posibilidad de permitir que los bienes queden en el inmueble mediante un acuerdo previo «y el pago de un precio razonable, aunque sea simbólico».
Lo ha hecho ante la próxima ejecución provisional de la sentencia por la que fueron condenados a entregar el inmueble al Estado, una entrega fijada para el 10 de diciembre y en la vista tras su escrito de oposición al inventario de los bienes acordado por el juzgado y tras pedir también que se les dé más plazo para la entrega provisional del inmueble, una petición que rechazan los demandantes.
A los escritos de la familia Franco, se sumó otra petición del Estado reclamando el depósito judicial de los bienes muebles hasta que no haya una sentencia definitiva, argumento rechazado por los herederos del dictador. Para esta petición, a la que se han adherido la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa, ha argumentado el abogado del Estado, Javier Suárez, la «alarma» generada por el anuncio de que iban a retirar los bienes del inmueble.
«Había datos que nos hacían aventurar que iba a haber un vaciado completo», ha expuesto. Además, los demandantes la han relacionado con la necesidad de dirimir, en su momento, que bienes estarían vinculados a la declaración del pazo como Bien de Interés Cultural (BIC).
«No fueron objeto de la sentencia», ha replicado el letrado de los Franco, quien ha desvinculado los bienes del propio inmueble. «La mayor parte de las cosas las pusieron ellos», ha dicho sobre la familia Franco, cuya petición de destrucción del inventario, una vez realizado, ha sido rechazada también por las administraciones personadas.
DEPÓSITO JUDICIAL
En una vista que se ha prolongado durante algo más de tres horas, ambas partes han expuesto sus argumentos para refrendar sus respectivas peticiones. Así, el letrado de los Franco ha rechazado que los bienes y el inmueble se puedan considerar como una «unidad» y ha negado que parte de sus clientes hubiese intención de llevar «50 camiones» para trasladar lo que hay en el interior.
«No es verdad, pero, aunque lo fuera, se me va a decir que la inquietud les surge a partir de lo publicado en prensa», ha manifestado para rechazar, como ha hecho durante sus distintas intervenciones, que existiese una alarma que justifique la petición del inventario, acordado por el juzgado, y del depósito judicial.
«Y por qué su señoría nos dio 22 días hábiles», se ha preguntado. «Uno no tarda 22 días hábiles para entregar unas llaves», ha esgrimido también como argumento para insistir en que los bienes no fueron objeto de la demanda presentada por el Estado para reclamar el pazo de Meirás.
DECLARACIÓN BIC
En su alegato, ha rechazado, asimismo, que puedan asociarse estos bienes muebles a la declaración BIC del pazo, para lo que se ha remitido a la legislación autonómica. En ella, ha manifestado, «no hay una mención a los bienes y a su eventual vinculación al inmueble».
En una exposición en la que ha apelado a la «buena fe» de sus clientes, por no oponerse a la entrega provisional del pazo –a la espera de que se resuelva su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña–, ha calificado de «improcedentes» las cuestiones planteadas por los demandados.
El mismo argumento han utilizado las administraciones para rechazar lo planteado por los Franco. El abogado del Estado ha puesto en cuestión que los herederos del dictador puedan llevarse del inmueble «los escudos, los relieves, los hórreos, los cruceros,…».
«Hay cosas que se llevaron y se trasladaron al pazo», ha dicho sobre obras de arte e históricas que, según informes realizados, se habrían llevado hasta allí de lugares como el «pazo de Dodro», citó como ejemplo.
«PERDER LA PISTA» DE LOS BIENES
«El inventario abarca la totalidad de los bienes, del exterior y el interior», ha expuesto, a su vez, el letrado de la Xunta, quien, como el del Estado, se ha remitido a sentencias de distintos órganos judiciales para refrendar su exposición.
«Corremos el riesgo de perder la pista de bienes que deben permanecer en el mismo», ha afirmado sobre el pazo y su contenido y coincidiendo con el Estado en que debe esperarse a una sentencia definitiva y, de ser favorable a las pretensiones de los demandantes, determinar qué bienes deben ser del patrimonio público.
«Gran parte de los bienes se encontraban en el pazo», ha dicho el abogado del ayuntamiento de Sada (A Coruña), donde se encuentra el inmueble, en referencia a la adquisición del mismo por parte de la Junta Pro Pazo en 1938. Los argumentos de estas partes han sido respaldados también por el consistorio herculino y la Diputación coruñesa, instando a la jueza a rechazar las peticiones de los Franco y «preservar la integridad» del inmueble y su contenido.
