El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica continúa esta semana con la ronda de interrogatorios a varios imputados en el caso Púnica por la pieza separada en la que se investiga la contratación de trabajos de reputación ‘online’ con fondos públicos. En concreto, comparecerá este martes el exalcalde de Coslada, y el jueves los de Majadahonda y Castellón.
Así, este martes a las 9.30 horas ha citado en calidad de imputados al que fuera alcalde de Coslada Raúl López Vaquero, a la asesora del exalcalde de Castellón de la Plana Cristina Querol Albert, y la que era coordinadora de comunicación del Ayuntamiento de Castellón Paloma Teresa Aguilar Royo.
Tras esta tanda, el jueves 3 de diciembre será el turno del que fuera alcalde de Majadahonda Narciso de Foxa Alfaro y del exalcalde de Castellón Juan Alfonso Bataller Vicent, además de la que fuera directora de comunicación del ayuntamiento de Alcobendas María Teresa Alonso-Majagranzas Baena.
En esta pieza número del 10 de ‘Púnica’ se investiga tanto a concejales como a alcaldes y trabajadores de distintos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva (empresas del conseguidor de la trama Alejandro de Pedro) para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados ‘ad hoc’, blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.
Todos ellos se encuentran investigados por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.
Del caso de Castellón, el juez señaló en su auto del 3 de noviembre por el que imputó al exalcalde, que los investigados «para ocultar el pago del gasto personal del alcalde por el Ayuntamiento, convendrían adjudicar un contrato que simularía contratar publicidad de cobertura para campañas simuladas a una de las empresas de la trama, Madiva».
Sobre el Ayuntamiento de Majadahonda, se explica que también se tramitaron las facturas emitidas por EICO y Madiva como «contratos menores, fraccionando la prestación de cobertura, que velaría el verdadero trabajo realizado», logrando así saltarse el concurso público o negociado. Apunta que otras facturas abonadas también «simularon» la contratación de publicidad.
