El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este lunes el actual modelo de nombramiento de fiscal general por el Gobierno (un cargo del que cesa cuando cesa el Ejecutivo), si bien ha reconocido que es necesario mejorar la «percepción» de la independencia de esta institución en el marco de la reforma de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que ha comenzado su andadura en el Parlamento, que atribuye la instrucción penal a los fiscales.
Preguntado por este asunto durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press, el titular de Justicia ha calificado de «gran texto» el Anteproyecto aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, si bien reconoce que ahora comienza un «proceso enorme de debate y participación».
Así, ha recordado que en la disposición adicional segunda del propio Anteproyecto se señala que en el plazo de un año el Gobierno debe impulsar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), y que como la Fiscalía actúa con dependencia jerárquica «hay que reforzar la autonomía».
Una de las formas de hacerlo, según ha apuntado, pasa por la «potenciación de la posibilidad de discrepancia» de un fiscal con su superior que ya regula el actual Estatuto en su artículo 27, así como por regular la organización colegiada en la llevanza de los asuntos por los fiscales, es decir, por un Ministerio Fiscal «que pueda adaptarse al nuevo proceso penal».
En este punto, Campo ha sido cuestionado sobre si existe la necesidad de reformar el Estatuto también en lo relativo al mandato del fiscal general del Estado, que es nombrado por el Gobierno y cesa cuando lo hace el Ejecutivo. Según el Ministro, se trata de lanzar un debate y «no hay cláusulas cerradas» a la hora de obtener el mejor estatuto «para que las investigaciones sean lo mas constitucionales», si bien él se declara «defensor» del actual modelo constitucional de elección del fiscal general porque «la política criminal la dirige el Gobierno».
En todo caso, ha reconocido, el EOMF debe articularse de tal modo que mejore la «apariencia» de la figura del fiscal general, puesto que aunque no hay un problema de independencia «tendremos que trabajar esa percepción para que la confianza de la ciudadanía».
Otro de los puntos a estudiar, ha reconocido, son cambios es el nombramiento de los fiscales, «pero el gobierno ha puesto la primera piedra» y espera que ahora se pronuncien los agentes jurídicos, el Consejo de Estado, las universidades etc., teniendo en cuenta además que esta reforma tendrá una ‘vagatio legis’ de seis años.
NO SE AFECTA A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN
En otro momento de su intervención, el ministro de Justicia ha reconocido que le da «pena» el debate suscitado sobre un eventual control de la información periodística por el hecho de que el Anteproyecto de LeCrim señale a los fiscales como los únicos que podrán dar información sobre un asunto.
Según Campo, en la nueva ley «no hay variación de lo que decía en su día Alonso Martínez» (autor de la decimonónica norma hoy vigente) en el sentido de que «las instrucciones son secretas todas porque jugamos con la honorabilidad de las personas», si bien esto no supone una cerrazón informativa completa, pues ya el actual Estatuto fiscal contempla que el fiscal informa y también lo hacen los gabinetes de prensa de los tribunales superiores de justicia, que dieron un paso en este sentido.
«La propia LeCrim dice quien filtre que se las apañe en sus estatutos deontológicos y que sólo en el caso de los funcionarios es delito, por constituir revelación de secretos, pero no hay ni un solo ápice en el Anteproyecto que restrinja la libertad de información».
También sobre la reforma Campo ha defendido durante su intervención que el cambio de modelo viene dado por el mandato de la Unión Europea, y por ello la reforma procesal se ha presentado junto a otra norma que trata de armonizar el ordenamiento jurídico en consonancia con lo que será la próxima Fiscalía Europea. «No se trata no de una opción sino de una obligación, ha señalado.
Pero como «no sólo de LeCrim vive» su ministerio, el titular de Justicia ha anunciado que en unas semanas llevará al Consejo de Ministros un nuevo Anteproyecto, el de agilización procesal dirigido a desatascar los juzgados mediante el impulso de todos los trámites procesales y del uso de nuevas tecnonologías, y que dará más importancia a los instrumentos como el arbitraje. Igualmente presentará proyectos de reforma del Código Penal para reformar la respuesta frente a delitos contra los animales, los delitos contra la indemnidad sexual y los delitos contra el orden público.
A preguntas de los asistentes a los Desayunos, Campo has señalado que su departamento trabaja en la adaptación del servicio de Lexnet para evitar errores o que ésos sean los menos posibles, y ha comparado lo que en ocasiones ocurre con lo que pasad con sistemas como los de los cajeros de los bancos, que en ocasiones están «fuera de servicio». «Empezamos a jugar con la nube, y eso es un gran reto», ha agregado.
Finalmente, Campo se ha referido también al hecho de que, pese a constituir el 54 por ciento de la plantilla actual de jueces, las mujeres alcancen sólo tres de cada diez puestos en la cúpula judicial. Ha dicho que avanzar en este camino «en un reto como sociedad, no de las mujeres ni de los hombres es de todos».
Sobre lo ocurrido este fin de semana en grandes capitales como Madrid, donde se han producido aglomeraciones en las calles coincidiendo con el inicio de la campaña navideña, el ministro de Justicia ha manifestado que se trata de «situaciones puntales» y que en una población total de 45 millones de personas esto es «la excepción». «Pero lo que preocupa al Gobierno es vencer a la pandemia, es el objetivo principal, por lo que se deben cumplir todas las indicaciones que dan las autoridades».
