El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado este lunes durante un desayuno informativo de Europa Press que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «sólo falta hacerlo público», si bien esta circunstancia también «forma parte del acuerdo» por lo que no puede poner fecha a dicho anuncio. Por ello, ha vuelto a reclamar al PP que «sea un partido de Estado» y facilite la consecución de este pacto.
Preguntado si en dicho acuerdo se prevé que haya vocales de Podemos, Campo ha señalado que «ello dependerá del grupo parlamentario», para añadir que «nadie tiene el marchamo de la calidad». Así, ha recordado que en todos los Consejos ha habido vocales propuestos por IU, PNV u otros partidos y que ello no supone ningún problema.
Durante su intervención, Campo ha reconocido que habla de forma habitual con el responsable de Justicia del PP, el consejero madrileño Enrique López, y que la última vez que lo hizo fue el pasado jueves.
Sobre el punto en el que se encuentra el acuerdo, ha reconocido que el actual estado de las negociaciones es el que existía el pasado mes de agosto, incluso en los términos del acuerdo, que pasa por la idea de «dotar de mayor peso a la carrera judicial».
Otra cosa, ha puntualizado, es la necesidad de dotar de mayor fuerza a la percepción del mecanismo de legitimación del propio Consejo, por lo que sería bueno facilitar la visibilidad de un gran acuerdo para su renovación, y en este punto ha reconocido que el PSOE comparte con el PP la idea de incrementar las mayorías para que el órgano de gobierno de los jueces no pueda nombrar a un magistrado con menos de trece votos.
«Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une, el acuerdo sólo falta hacerlo público», ha añadido, para indicar después que en todo caso «el acuerdo no está hecho hasta que no se exterioriza, porque eso forma parte del acuerdo».
En este punto ha utilizado el término «atrofia» para calificar la situación de no renovación por dos años que se va a cumplir esta semana respecto a los vocales del CGPJ, a los que se suma el retraso que se sufre también en el Tribunal Constitucional, con cuatro de sus magistrados también en situación de prórroga.
Así, ha señalado que de alargarse esta situación la renovación pendiente en el órgano de garantías se acercará demasiado con la renovación de otros cuatro de sus miembros que corresponde designar al Gobierno (dos) y al CGPJ (los dos restantes) este mismo verano, acrecentando dicha imagen de «atrofia».
Sobre quien será el nuevo presidente o presidenta del CGPJ y por consiguiente del Tribunal Supremo, y si será la magistrada de lo Contencioso-Administrativo Pilar Teso, el titular de Justicia ha señalado que no tiene «ni idea» de quien accederá al cargo, si bien será la persona «que concite la mayoría a propuesta por los vocales» que resulten nombrados.
En cuanto a uno de los obstáculos señalados por el PP para oponerse al acuerdo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dirigida a rebajar la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados para designar a los vocales, Campo ha restado importancia a que ésta no haya sido aún retirada.
«Es engancharse a clavos ardiendo, porque el presidente Pedro Sánchez ha dicho que está paralizada», ha indicado, para insistir en que «la democracia no puede pararse» y el PP debe cumplir con le mandato constitucional.
