Antonio Béjar, quien fuera jefe de Riesgos de BBVA, ha declarado este viernes ante el juez que instruye el ‘caso Villarejo’ que el expresidente del banco Francisco González dio la orden de que se investigara a promotores inmobiliarios en la época de la crisis ante la sospecha de que levantaran bienes, y que él recibió la instrucción del propio González de que se contratara ese servicio con quien dijera el entonces jefe de Seguridad Julio Corrochano.
En su declaración, Béjar no se habría salido del guión marcado en anteriores comparecencias, y ha mantenido que si bien la orden directa de González era contratar con quien dijera Corrochano, el expresidente no habló de Cenyt –empresa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo–.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, investiga en esta pieza separada 9 los encargos que realizó el BBVA a la empresa de Villarejo. La relación se habría prolongado durante 13 años con una facturación de unos 10 millones de euros.
Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de a ex altos cargos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía y exjefe de seguridad del banco que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.
En su declaración de hoy, Béjar ha negado que se produjera ninguna ilegalidad en el contrato con Cenyt para investigar a determinados promotores. Y ha explicado que dado que la orden de investigar a esas empresas venía del propio Francisco González, esto derivó en que el contrato con el proveedor no siguiera cauces ordinarios de control.
Es decir, que dado que la orden era del presidente, no se siguieron los protocolos internos habituales de contratación. Esto, según otras fuentes, se enmarca en un tipo de pago extraordinario que se usa cuando el que da la orden tiene poder suficiente para ello, y ese era el caso de González.
Según varias fuentes presentes en la declaración, Béjar también ha indicado que el jefe de Gabinete de Presidencia Joaquín Gortari pidió que detectives estudiaran a los propietarios de una finca de El Escorial en la que estaba interesado Francisco González. Y que el coste de esa investigación, realizada también por Cenyt, la habría asumido el propio González y no el banco.
LAS REUNIONES CON REDONDO
Por otro lado, Béjar ha afirmado que una vez contratado el servicio de investigación, él recibía los informes en los que Cenyt daba cuenta de las averiguaciones sobre bienes ocultos de las empresas morosas, y dado que él estaba en recuperación de activos evaluaba y decidía si la información era útil para emprender acciones por la vía judicial.
También ha explicado que mantuvo un par de reuniones con el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y que éste le comentó que el presidente de la empresa Cenyt era expolicía, por lo que imaginó que se encontraba en la misma situación que Corrochano.
