El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que su departamento llevará al próximo Consejo de Ministros un real decreto para destinar 10 millones de euros a la atención y acogida de niños y adolescentes migrantes no acompañados.
Durante su comparecencia en la Cámara baja, ante la Comisión Mixta (Congreso-Seando) de Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Iglesias se ha referido a la situación de Canarias en materia migratoria y sobre lo que su vicepresidencia puede hacer «en el marco de sus competencias» sobre esta materia.
En este sentido, ha anunciado la presentación de este decreto para mejorar la atención a los menores extranjeros que, según ha indicado, «algunos criminalizan».
El líder de Podemos se ha referido a este tema al ser cuestionado por la diputada de ERC, María Carvalho Dantas, sobre la posición del Gobierno en este tema. La representante independentista llamó a reconocer a todas las personas en situación administrativa irregular en España y denunció las violaciones de derechos humanos que estas personas sufrieron durante la pandemia, con acusaciones «racistas y xenófobas» sobre contagios.
COOPERACIÓN CON CCAA Y AYUNTAMIENTOS
En su intervención, Iglesias no sólo ha anunciado esta medida, también se ha referido al trabajo de su equipo para tener aprobada la Estrategia de Desarrollo Sostenible en junio de 2021 o a la necesidad de iniciar campañas de información sobre la Agenda 2030 y los ODS, después de los datos «preocupantes» del CIS, que determinaron que el 70% de los españoles no había oído hablar de estos términos.
También ha asegurado que se buscará la colaboración de todas las administraciones españoles y todas las fuerzas conjuntas para sacar adelante esta iniciativa, así como con las organizaciones sociales. Y, en este sentido, ha anunciado que están trabajando «con énfasis» en la «localización» de la Agenda 2030, ya que, según ha indicado, los ayuntamientos quienes «mejor conocen las necesidades» de sus ciudadanos. Así, ha explicado que se está «ultimando» una guía en este sentido, que esperan tener lista el próximo 11 de diciembre.
Sobre este tema ha insistido la senadora del PNV, María Isabel Vaquero, quien ha criticado la falta de diálogo del Gobierno en materia de diálogo con los ejecutivos autonómicos. A su juicio, ha habido «tímidos esfuerzos convocando grupos» de trabajo, pero ha recordado a Iglesias que el PNV está a favor de la «cooperación» pero no de la «subordinación».
Pero los más críticos con Iglesias han sido Vox y PP. El diputado ‘popular’, José Ángel Alonso, ha reprochado a Iglesias su tardanza para comparecer en el órgano (11 meses); le ha acusado de «subirse el sueldo» mientras «crecen las colas del hambre»; de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que las familias esperan «meses»; de hacer compras «equivocadas» de material sanitario; de no poner en marcha «ni una sola medida» después de «asumir el mano único de competencia de las residencias»; o de aprobar una ley de Educación que «ataca la constitución».
ASUNTOS PRIVADOS
También le ha acusado de tener «actitudes machistas» por el ‘Caso Dina‘, de aferrarse al aforamiento, de «blanquear a Bildu» o de «destruir el empleo», entre otras. «Se ha convertido en lo que despreciaba», ha concluido su declaración el diputado.
La presidenta de la comisión, la diputada de En Comú Aina Vidal, se ha dirigido a Alonso al término de su intervención, para señalar que iba a «pasar por alto el artículo 103 por injurias», pero le ha advertido de que algunos de los temas tratados fueron inadmitidos a trámite por la Mesa del Congreso «por versar sobre asuntos privados sobre los que no tiene competencia» la sala.
Por su parte, Iglesias ha lamentado que el PP no continúe con el discurso de su presidente, Pablo Casado, en el debate de la moción de censura y que estaba «alineado con los valores europeos» y que «tomaba distancia con el fascismo». Para el vicepresidente esta actitud de los ‘populares’ ha durado «poco» y ha insistido en que si siguen así «van a estar lustros y lustros en la oposición».
El líder de Podemos también se ha dirigido al PP durante su réplica a Vox, para preguntarles cuál era su proyecto de España gobernando con los de Abascal en Madrid, Andalucía y Murcia, cuando la representante de Vox en la Comisión, Magdalena Nevado, ha hecho un discurso en el que asegura que la agenda de la ONU es «antidemocrática» y «una amenaza para la Constitución y la economía», o que la «OMS es un instrumento del partido comunista chino».
«ESTÁN VENDIENDO A ESPAÑA»
Nevado, en su intervención, ha calificado la Agenda 2030 como un «gran disparate» y como la «destrucción económica y del orden social moral y político». A su juicio, estas medidas van en «contra de España y de los españoles», «reducen» su libertad» y «erosionan» las instituciones democráticas.
En concreto, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es «desarrollar una estafa de magnitudes planetarias» para «el sostenimiento de la codicia de las élites mundiales» y de quienes les ayudan que, en el caso de España, ha apuntado, son «todos los grandes grupos parlamentarios» y «los no tan grandes» que están «colaborando en engañar a la población a base de mensajes sensibles y de un supuesto apocalípsis climático que carece de toda evidencia científica». «Lo que están haciendo ustedes es vender a España», ha declarado.
Por otra parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Sara Giménez, ha criticado también la gestión del IMV, y ha demandado soluciones contra el chabolismo, que genera «segregación social» y «segregación escolar», también medidas contra el fracaso escolar o la violencia machista y la igualdad. «Avancemos de verdad, no solo con discursos porque queda mucho camino por recorrer», ha declarado.
Para Iglesias, «si Ciudadanos se pareciera más» al discurso de Giménez sería «más sencillo ponerse de acuerdo en algunas cosas». En este sentido, ha reconocido que el IMV es mejorable, que la apuesta del Ejecutivo contra el fracaso escolar es «la escuela pública», y ha apuntado que el compromiso de la vicepresidencia con el derecho a una vivienda digna para los españoles no se les puede criticar.
Finalmente, el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha mostrado su preocupación porque los fondos europeos tengan «un sesgo economicista» y ha llamado a usarlos para lograr «un cambio de paradigma laboral», más «homologable con la UE» y para terminar con la «precariedad». En este sentido, Iglesias ha señalado que el país «arrastra» debilidades que se han de cambiar y ha apuntado que dentro de la tragedia que supone la pandemia, también es «una enorme oportunidad de desarrollo».
