El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha rechazado una moción del PP en demanda de la retirada de la nueva ley educativa promovida por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, la conocida como Ley Celaá por la ministra del ramo y que los populares ven como un «ataque» a la escuela concertada y a la libertad de enseñanza, al apoyarla Cs y Vox pero votar en contra el PSOE y Adelante, avisando de los «bulos» difundidos respecto a esta nueva regulación.
La portavoz del PP en la Diputación, María Eugenia Moreno, ha defendido la mencionada moción avisando del «impacto» de este proyecto de ley orgánica, que ya afronta su trámite en el senado, en los más de 84.000 alumnos de los más de 90 centros educativos privados concertados con el sistema público y por ende financiados por el mismo de la provincia de Sevilla.
El mencionado proyecto de ley, ya votado en el Congreso de los Diputados y ante el cual PP, Cs y Vox han anunciado impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, contempla entre otros aspectos el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años o la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.
UNA LEY «IDEOLÓGICA Y SECTARIA»
María Eugenia Moreno ha alertado de nuevo de que este proyecto de ley nace «sin consenso» y aprovechando el contexto de la actual pandemia de coronavirus Covid-19, respondiendo a unas pretensiones puramente «ideológicas» del Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, al que ha acusado de «sectarismo» y de cargar contra la educación concertada y «la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.
Así, ha aseverado que este proyecto de ley «pisotea derechos» constitucionales, pues según los populares «elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza» y «pone en riesgo la educación en libertad», porque «impide a las familias españolas», en el ámbito del sistema educativo sostenido con fondos públicos, «elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos», entre otros aspectos.
LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA
Los populares defienden así la enseñanza diferenciada por sexos como una opción «a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad» y, ante la idea de que la religión deje de computar para las notas medias, avisa que la Constitución «obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones».
Igualmente, con relación a la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios, el PP reclama «garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural».
El diputado provincial de Vox, Rafael García Ortiz, ha recordado la decisión de su partido de recurrir dicho proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional, al verlo como «un ataque a la lengua española, a la educación concertada y a la educación especial», mientras por Cs, Manuel Benjumea ha defendido que la educación concertada es «clave para la libertad de enseñanza y la pluralidad» educativa.
Criticando el carácter «unilateral» de esta ley y llamando a un «pacto de estado» en materia educativa, Manuel Bemjumea ha defendido «que toda la enseñanza sea sostenida con fondos públicos», así como «la libertad total en la elección de centros» para las familias y que haya «recursos suficientes» tanto para la educación pública como para la concertada.
ADELANTE ALERTA DE LOS «BULOS»
Por Adelante, Miguel Ángel Márquez, docente de profesión, ha alertado de los «bulos» difundidos acerca de este proyecto de ley, defendiendo que no nace ahora, sino que fue ya presentado «en febrero de 2019», que es «falso» que «cierre» la educación concertada o la especial y que garantiza el derecho a la educación en español y además obliga a que los alumnos culminen su formación con pleno «dominio» del idioma. Además, frente a las demandas de libertad de elección de centros, ha esgrimido el principio de «igualdad», avisando de que actualmente, sólo uno de cada diez alumnos de familias vulnerables estudia en un centro concertado, por lo que ve necesario actuar frente a las «enormes discriminaciones» del sistema.
Por el PSOE, Alejandro Moyano ha avisado también de los intentos por «confundir» a la ciudadanía, lamentando que el PP haya llegado a tachar de «inconstitucional» el proyecto de ley y avisando de que el término «vehicular» para el castellano fue introducido por en 2013 por el entonces Gobierno del PP, que como ha recordado aprobó «en solitario» su reforma educativa gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba. «No se elimina el castellano como lengua oficial», ha aseverado, agregando que tampoco se «demoniza» a la educación privada-concertada, sino que se organiza un «sistema razonable de derechos y obligaciones» con relación a una estructura que, como ha recordado, está sufragada con fondos públicos.
Tras negar Mería Eugenia Moreno que el PP haya incurrido en «bulos», la moción ha sido rechazada al apoyarla Vox y Cs, pero votar en contra el PSOE y Adelante.
