El que fuera CEO de Dia entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, Borja de la Cierva, declarará en calidad de imputado este jueves 26 de noviembre a las 10.15 horas de la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. El magistrado investiga en este caso una presunta alteración de casi 52 millones de euros en las cuentas del Grupo Dia.
De la Cierva ha sido imputado por el juez por haber formado parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la cadena de supermercados en los ejercicios 2016 y 2017. De hecho, además de a él, cita al resto de esa comisión.
Así, ese mismo jueves 26 de noviembre a las 10.30 horas comparecerá como investigado Richard Golding (presidente de esa comisión en 2016) y un poco después lo hará Juan María Nin Génova, que fue vocal externo de esa comisión.
También el jueves (10.00 horas) declarará como investigado el directivo de la cadena Miguel Ángel Peinado. Y a última hora de la mañana comparecerá en calidad de testigo-perito el firmante del informe relativo a las irregularidades contables detectadas en Dia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Eduardo Manso.
Ya el viernes 27 de noviembre será el turno de otros dos miembros de ese órgano supervisor, María Luisa Garaña Corees –que fue vocal independiente desde febrero de 2017– y Julián Díaz González –también vocal independiente y miembro de la misma en 2016 y 2017–. Ambas serán las primeras de la mañana a las 10.00 y a las 10.15 horas.
Acto seguido declararán en calidad de imputados los auditores de la consultora KPMG que auditaron las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 Carlos Peregrina y María Lacarra.
Y ese mismo día, el magistrado tomará declaración como testigos al empleado de Dia Antonio Coto Gutiérrez y al proveedor Javier Pérez Díez, en tanto director Comercial de DULCES Y CONSERVAS HELIOS. El objetivo es analizar la relación de Dia con los proveedores para negociar descuentos comerciales.
CURRÁS Y SÁNCHEZ FALCÓN
Cabe recordar que en esta causa los principales investigados hasta la fecha son el ex consejero delegado del Grupo Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón. Se les imputan delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante «prácticas irregulares» que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.
La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia, y el juez en el auto de imputación de Currás indicaba que para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, «Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo» en este balance, «lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión».
Según un nuevo informe con fecha de 17 de agosto, el fiscal entiende que se han de mantener todas las imputaciones previas porque las alteraciones se produjeron «al efecto de elaborar unas cuentas anuales que trasmitieron al mercado una situación irreal de la sociedad, basadas en simples conjeturas o deseos del Consejero Delegado que, pese a no materializarse en las cifras del día a día, se mantenían».
