La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha tirado la casa por la ventana en el macrojuicio contra la Seguridad Social y los exbecarios y doctorandos del centro. La UAM estaba acusada de usar alumnos en prácticas para cubrir puestos de trabajo. Pero una juez ha considerado el pasado 19 de julio que la universidad no cometió irregularidades. La defensa legal de este proceso le ha costado, de momento, a la Autónoma 90.000 euros públicos. Ahora, la Seguridad Social ha recurrido la sentencia. Y la defensa de Sagardoy Abogados (los mismos que representan a Deliveroo o a Glovo) puede encarecerse.
La defensa de la Universidad Autónoma de Madrid era un tema de todos. Así lo entendió el Rectorado. Por ello, la representación legal salió a concurso con un presupuesto base de licitación de 108.000 euros. La propuesta de Sagardoy Abogados fue la que mejor se adaptaba a las necesidades de la Autónoma. No solo por la experiencia del bufete defendiendo causas similares, como la que afecta a empresas como Glovo. Sino porque era de las más rentables.
Al final, el coste total de dinero público destinado a estos abogados fue de 90.000 euros. Pero para defenderse de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que había denunciado en 2017 a la UAM por emplear becarios para desempeñar puestos de trabajo estructurales a raíz de un aviso de del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Y a pesar de que el rector de la universidad, Rafael Garesse, ha emitido el mes pasado un comunicado en el que ha mostrado su “satisfacción” tras la sentencia, la Seguridad Social la ha recurrido.
Pero no solo la TGSS está detrás de este asunto. El aviso de CCOO que dio el pistoletazo de salida al juicio vino motivado por quienes de verdad han estado al pie del cañón durante años: los becarios y los doctorandos. Muchos de los alumnos que vivieron esta situación relatan a MONCLOA.COM que cobraban 300 euros al mes por desempeñar trabajos que no tenían nada que ver con el objeto de sus prácticas. Muchos de estos exbecarios y doctorandos también han denunciado por su cuenta a la Autónoma. Pero sus procesos están suspendidos a la espera de que se resuelva el macrojuicio.
La Seguridad Social cuenta con un as en la manga. En febrero de 2018, una alumna ganó un juicio contra la universidad. El centro la había usado para desempeñar funciones estructurales. Pero cobraba en calidad de becaria. La UAM tuvo que devolver parte del dinero que le correspondía a la becaria y readmitirla. Se trata de un caso similar al que ha denunciado la Seguridad Social. Pero con un desenlace, al menos de momento, muy diferente.
Las prácticas consistían en pagar 300 euros al mes a los becarios que trabajaran no más de 18 horas semanales y 600 euros a los que desempeñaran su labor en no más de 25 horas a la semana. Pero en la sentencia, el juzgado de lo Social número 7 de Madrid considera que “si de las dos situaciones puestas de ejemplo por la inspección no se desprende ningún tipo de relación laboral, mucho menos se puede pretender que la Universidad Autónoma de Madrid haya contratado a 285 personas en fraude de ley, porque el fraude no se presume, hay que probarlo”.
Y luego están las consideraciones del acta de la Inspección de Trabajo, muy contrarias a las consideraciones de la juez. En este informe se detalla que los becarios “eran incluidos inmediatamente en el organigrama funcional del departamento o servicio en el que las realizaban, de manera que con la prestación de tales prácticas el departamento cubría por turnos determinados puestos tales como atención al público, préstamos de libros, mantenimiento de bases de datos”. Algo que varios exbecarios e incluso doctorandos confirman.
Son ya 285 los exalumnos de la Autónoma que han denunciado a la universidad. Hay tanto becarios como doctorandos. Y todos se han sumado a la denuncia que la Seguridad Social ha interpuesto a la UAM, además de haber presentado sus demandas particulares. Sin embargo, tras el inesperado fallo del juzgado de lo Social número 7, los antiguos alumnos de la universidad han decidido dejar a un lado, de momento, sus causas particulares (algunas de las cuales iniciaban la primera vista este próximo mes de septiembre) para centrarse en la general.
Cuando tengan, si el recurso logra modificar el fallo judicial inicial, el respaldo del macrojuicio, retomarán sus causas y reclamarán el dinero que le deben. Un importe que fuentes cercanas a los denunciantes aseguran que es menor que el que se ha gastado la UAM en defenderse del proceso.
