Es curioso, cuanto menos. El contrato que se ha deslizado en el portal de Transparencia del Gobierno ha hecho saltar las alarmas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destinado más de 100.000 euros para destruir «documentación confidencial» de uno de los hospitales más importantes de Valencia. Esta destrucción masiva la contrata el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y se la ha adjudicado a Actuaciones en Protección de Datos S.L., por lo que en los próximos días se destruirá una buena cantidad de documentación oficial, mucha de la cual puede tener información importante sobre lo ocurrido en plena pandemia.
El presupuesto base es de poco más de 50.000 euros, pero el destinado mucho mayor. En cualquier caso, que el Gobierno se haya gastado tal cantidad de dinero en destruir documentos no es lo más noticioso. Lo preocupante es que lo haya hecho con «documentación confidencial», tal y como la llaman, procedente de hospitales en Valencia en un momento en el que todos los datos oficiales sobre el coronavirus son necesarios para hacer una radiografía sobre lo ocurrido, especialmente en los primeros meses del estallido de la pandemia: marzo y abril.
Destruir documentación puede ser algo relativamente habitual, sin embargo, no el hacerlo con informes confidenciales, pues el propio Gobierno reconoce en la adjudicación y los pliegos que se trata de información sensible.
Para justificarse, el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, asegura que es que tienen exceso de documentación. «El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, así como los centros de salud dependientes de su departamento, generan, debido a su actividad como centros sanitarios un importante volumen y cantidad de papel y documentación, así como soportes informáticos, que, ateniéndose a la actual normativa de Protección de Datos deben ser segregados, almacenados, transportados y eliminados, de la forma más segura y confidencial por el contenido de esa documentación», comienzan en la memoria.
Y además, prosiguen: «la normativa vigente en materia de LOPD obliga en ciertos casos a la eliminación definitiva de la documentación que contiene información confidencial y la destrucción de datos en soporte papel, siendo, en el caso del CHGUV y sus centros, en la mayoría de los casos. Sin embargo, este gesto no ha gustado a todos, pues hay quien piensa que se busca ocultar según qué información sobre el origen de la pandemia y de la gestión».
Desde el Consorcio aseguran que se trata de un trámite rutinario, algo necesario y normal y que se denomina «confidencial» porque es sobre datos concretos de personas que de ser publicados se vulneraría la ley de protección de datos. Pero no todos creen que este contrato que costará una buena cantidad de dinero a todos los españoles tenga un objeto exclusivamente rutinario.
El contrato finalmente parece que no será tan caro como el dinero que ha destinado. Rondará los 50.000 euros, pero las dudas que genera este contrato no se basan en la cantidad de dinero que se gastará Sánchez para destruir documentos, sino en el hecho en sí de contratar a una empresa para que haga desaparecer informes que podrían ser útiles. Pero parece que ya llegamos tarde.
El contrato por el momento se centra en Valencia y en un hospital concreto, uno de los más importantes de la región. De hecho es uno de los cuatro centros de referencia de la capital valenciana junto al Hospital Clínico, el Hospital La Fe y el Hospital Doctor Peset. Habrá que ver si en los próximos días no le toca a otro centro de la región o de otras comunidades autónomas.
Por el momento, nadie en la oposición ha levantado la voz por este hecho, ya que ha pasado relativamente desapercibido a través de un pliego dentro del Portal de Transparencia del Gobierno. Veremos si esta práctica sigue vigente o el Gobierno se cuida más a la hora de destruir documentos.
