La Audiencia Nacional juzga desde este martes a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’ o ‘Marisol’, por colocar en mayo de 1985 un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, con el objetivo de acabar con la vida de los policías nacionales -al menos 21- que iban a prestar servicios de vigilancia con motivo de un encuentro deportivo.
La Fiscalía solicita para ella en su escrito de acusación 488 años de prisión como autora de veinte delitos de asesinato en grado de frustración con concurrencia de alevosía, un delito complejo de atentado a agentes de la autoridad en grado de frustración y un delito de estragos en grado de frustración. El Ministerio Público añade que concurre además la circunstancia agravante de reincidencia en el delito.
Según recuerda Fiscalía, ‘Anboto’ -que no tenía antecedentes penales en el momento de los hechos- junto a Francisco Javier Arizkuren ‘Kantauri’, Juan Carlos Arruti y un tercero conformaban en en 1985 el denominado ‘Comando Araba’de ETA. Fue en mayo cuando deciden «situar un artefacto deflagrante y provisto de gran cantidad de metralla en el polideportivo».
Querían «causar la muerte de un número no determinado, no inferior a veintiuno, de miembros de la Policía Nacional», señala el Ministerio Público para luego añadir que el objetivo era que el coche bomba explotara cerca de tres furgonetas policiales con una dotación de siete agentes en cada una.
Según el plan trazado por los etarras, harían estallar el artilugio antes de la hora de comienzo del partido, a las 17.00 horas del 21 de mayo «con la intención no solo de acabar con la vida de los policías, sino también de causar importantes destrozos en vehículos estacionados» en la zona y en las propias instalaciones deportivas.
25 KILOS DE GOMA 2 Y 100 KILOS DE TORNILLERÍA
Para la preparación de la bomba, compuesta por 25 kilos de goma 2 y 100 kilos de tornillería -del tipo tirafondos, usados en vías férreas-, Soledad Iparragirre contó con el concurso de los ya condenados Santos Berganza y José Miguel Suescun.
Tras fabricar el artefacto, los etarras se apoderaron a punta de pistola de dos vehículos y custodiaron a los propietarios de los mismos con el objetivo de no soltarlos para que no dieran la voz de alarma.
Entonces, ‘Kantauri’ y ‘Anboto’ instalan el artefacto explosivo en uno de los dos vehículos, y es ella la que conduce el coche bomba hasta Mendizorroza, donde lo aparca en las inmediaciones del lugar donde suelen estacionar las furgonetas policiales los días de partido. «Ubica el vehículo orientado hacia las taquillas con el temporizador conectado», se indica en el escrito de Fiscalía.
Una vez estacionado, la etarra ordena vigilar y controlar la zona, y le señalan que «la cosa está mal» ante la gran afluencia de público al estadio y la presencia de muchos policías. Con esa información, Kantauri y Anboto se trasladan al estadio para comprobar si todo está en orden, y luego regresan al domicilio en el que se alojaban.
Para entonces la policía ya estaba alertada de las dos sustracciones de los vehículos y había localizado el coche bomba sobre las 14.00 horas, de hecho los Tedax lo desactivaron «con riesgo para sus vidas».
Por este motivo, y ante el riesgo de ser detectados, los etarras desistieron de realizar la acción, y cuando se produce la llamada telefónica a la DYA avisando de la colocación del artefacto, ya había sido desactivado.
LOS JUICIOS DE ‘ANBOTO’
Esta etarra, una de las voces del vídeo que anunció la disolución de la banda terrorista ETA, afronta un largo camino judicial en España que arrancó el pasado mes de julio con el primero de los 12 juicios que tiene pendientes en España, después de que fuera entregada por Francia el año pasado tras cumplir allí casi 20 años de prisión.
Así, hasta ahora ha sido juzgada por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León, y por la presunta entrega de material explosivo que realizó a un comando que finalmente atentó contra una comisaría de Policía en Oviedo en julio de 1997.
Las causas pendientes de la histórica etarra en España incluyen desde asesinatos a instrucciones para atentar o entregas de armamento. Además del atentado contra el comandante, está procesada por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.
También se le relaciona con las instrucciones para atentar contra el Rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao o por facilitar armamento para una acción criminal contra la oficina del DNI de esta misma ciudad el 13 de enero de 1995, causando la muerte de una persona y dejando herida grave a otra.
En mayo de 2018, y mientras estaba presa en Francia, fue una de los dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva. El otro terrorista fue Josu Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, quien fue arrestado en Francia el año pasado y también está reclamado por la Audiencia Nacional.
