El secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, ha defendido este viernes ante el juez que investiga las cuentas ‘moradas’ que los trabajos electorales que el partido contrató para la campaña de 2019 con la consultora política Neurona sí se realizaron, al mismo tiempo que se ha desvinculado de la subcontratación con la empresa mexicana Creative Advice y de los pagos entre ambas sociedades.
Del Olmo; el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la encargada de Compras y Finanzas, Andrea Deodato, han comparecido ante el titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en una ronda de declaraciones que ha durado más de cuatro horas y se ha centrado en los trabajos contratados con Neurona para la campaña electoral de 2019, ya que tanto el juez como la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que pudo ser un contrato simulado.
Según fuentes jurídicas, Del Olmo ha explicado a Escalonilla que decidió contratar a Neurona porque era una consultora que le ofrecía confianza en cuanto a su profesionalidad, que estuvo en contacto con cuatro personas de la empresa durante el desarrollo de los trabajos y que personal de la sociedad mercantil, que está radicada en Sevilla y tiene su matriz en México, se desplazó a Madrid para la prestación de los servicios.
De acuerdo con las mismas fuentes, Del Olmo y los demás investigados de Podemos, que han respondido a todas las preguntas menos a las formuladas por las acusaciones populares –entre las que se cuenta Vox–, han detallado al juez cómo se desarrollaron los trabajos, tanto en la secretaría de Comunicación como a efectos administrativos.
En este sentido, De Frutos ha expuesto a Escalonilla que, aunque no estaba en el día a día de los trabajos que hacía Neurona, a través de diversos chats de Podemos en los que se hablaba de temas de campaña sí se comunicaba que esta empresa y otros proveedores de servicios electorales estaban enviando productos, como vídeos, por lo que tenía conocimiento de que el contrato se desarrollaba con normalidad.
Además, De Frutos, que durante la campaña fue el administrador de su partido para la coalición electoral Unidas-Podemos, ha ratificado ante el juez lo declarado la semana pasada por el administrador de Izquierda Unida, Carlos García Ramos, también investigado. Así, ha sostenido que cada parte hacía sus propias contrataciones y que solo se informaban del coste de cada contrato para no exceder el límite legal de gasto electoral.
«Las dudas están totalmente disipadas, los trabajos totalmente acreditados y, por tanto, entendemos que procedería acordar el cierre de la investigación», ha dicho en declaraciones a la prensa el abogado de Podemos, Gorka Vellé. «Salimos con muchísima satisfacción», ha añadido.
LA DERIVADA MEXICANA
Sin embargo, el juez se ha interesado no solo por la prestación de los servicios, sino por los vínculos entre Neurona y Creative Advice, a la que la primera ingresó más de 307.000 euros por los trabajos subcontratados para Podemos.
Fuentes presentes en las declaraciones han revelado que Ecalonilla ha preguntado sobre la relación contractual entre ambas empresas y los pagos de una a otra, y que Del Olmo ha contestado que el partido no se ocupaba de cuestiones internas de Neurona, sino de que cumpliera el contrato.
«En cualquier caso, la administración de Neurona o quien pudiera haber tenido alguna disposición sobre esos dineros o cantidades serán los que tengan la incumbencia sobre esos dineros o servicios. Pero en lo que atañe a la entidad Podemos y a la realización de esos servicios, está más que acreditado en la causa», ha respondido Vellé, al ser interrogado por la prensa sobre la relación entre las dos mercantiles.
«EMPRESA FANTASMA»
En cambio, la abogada de Vox, Marta Castro, ha contado que «no se ha conseguido acreditar los trabajos» por parte de Podemos y ha apuntado a «una posible duplicidad» de los servicios contratados con Neurona respecto a los contratados con la empresa ABD -una parte del caso ya archivada- y a los realizados por el propio partido.
Castro ha aludido a uno de los dueños mexicanos de Neurona, César Hernández, como «el hombre clave» en esta supuesta trama porque se han referido a él tanto Del Olmo como los demás investigados, por lo que ha avanzado que Vox solicitará al juez que le cite a declarar.
«Nuestra valoración (…) es que entendemos que el asunto cobra unos tintes más graves para Podemos. Neurona sigue siendo la empresa fantasma», ha concluido la representante legal de Vox.
De todas formas, la letrada ha subrayado que está pendiente de «analizar» la información solicitada por Escalonilla respecto a los más de 1.400 documentos que Podemos aportó la semana pasada al juzgado madrileño para probar que los servicios se prestaron.
El juez pidió el pasado martes a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE) que investigue los vídeos entregados por Podemos para justificar los trabajos realizados por Neurona, reclamando en concreto información sobre «la autoría, la fecha de su realización y cuales otros datos informáticos se puedan obtener de dichos vídeos», según una providencia.
LAS OBRAS EN LA SEDE
El otro eje de las declaraciones de este viernes han sido las obras de reforma de la nueva sede de Podemos. El denunciante, el ex abogado del partido José Manuel Calvente, alertó de que se habían licitado por 649.000 euros y adjudicado por más de 1,3 millones de euros con la presunta intención de favorecer a ciertas empresas.
Sobre esta cuestión, los investigados de Podemos han sostenido que las obras se licitaron y adjudicaron como correspondía y que los trabajos se desarrollaron con normalidad, de acuerdo con dichas fuentes.
No obstante, Castro ha considerado que aún quedan incógnitas por despejar sobre estas obras, tales como «las fechas de inicio» -Calvente denunció que comenzaron antes de que fueran adjudicadas-; las «cuantías», «si el presupuesto era real»; y si el proceso respetó las normas internas de Podemos y las leyes relativas a partidos políticos.
Este viernes también han declarado como testigos los representantes legales de seis empresas contratadas por Podemos para llevar a cabo parte de los trabajos que implicó el conjunto de la obra. La semana pasada ya declaró el arquitecto responsable del proyecto, Manuel Campos García, que ofreció un minucioso informe al juez para justificar el coste final.
En la citada providencia, Escalonilla ha dado cinco días a Podemos para que presente la liquidación de la licencia de obra presentada ante el Ayuntamiento de Madrid y otros tantos al arquitecto para que entregue el acta de recepción de la obra, el certificado final de la misma y los sucesivos certificados emitidos durante su ejecución hasta su finalización para el pago a las contratistas.
