El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha abogado este martes por la modernización de la administración de justicia, entre otras cosas para mejorar su impacto en la economía del país, si bien ha destacado el «capital humano» con el que ya cuenta, «jueces plenamente comprometidos con la independencia judicial».
«Es necesario invertir en justicia y mejorar su organización, no cabe duda, pero lo más importante, el capital humano, ya lo tenemos: son nuestros jueces. Es una enorme ventaja contar con miembros de la carrera judicial plenamente comprometidos con la independencia judicial y con los derechos y libertades de todos los ciudadanos», ha dicho en un vídeo emitido durante la presentación ‘online’ del ‘Informe 2020 del Observatorio de la Actividad de la Justicia’, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer.
Lesmes ha considerado que una de las principales conclusiones de este informe es «la gran repercusión» que el funcionamiento de la justicia tiene en la esfera económica. «Un sistema judicial que funciona bien tiene un indiscutible impacto en la eficiencia de la economía y sirve como garantía de la paz social y del progreso del país», ha defendido el jefe del Poder Judicial.
En cambio, ha continuado, una mala justicia puede perjudicar el crecimiento económico y, en este sentido, ha comentado algunos indicadores negativos recogidos en el informe, como la alta litigiosidad en España, que redunda en una mayor carga de trabajo para juzgados y tribunales y en la congestión de los mismos; y ha añadido otros, como «las cantidades económicas que se encuentran inmovilizadas en los órganos judiciales a la espera de una resolución» y que el CGPJ cifró en más de 4.400 millones de euros en 2019.
Además, ha recordado que «el estado de alarma ha supuesto la suspensión de todas las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, salvo en los supuestos de servicios esenciales, y todo ello ha provocado una situación inédita y excepcional en nuestros juzgados y tribunales».
«En estos momentos, la justicia se enfrenta a uno de sus mayores retos», ha asumido. «La situación de crisis sanitaria y económica originada por la pandemia nos ha colocado a todos en todos los sectores en una situación de extrema dificultad», ha expuesto.
En este contexto, ha reclamado «el mayor de los esfuerzos de cada uno en su correspondiente ámbito». En su opinión, «hoy más que nunca es necesaria la colaboración de todas las instancias implicadas en la mejora de la justicia». «Tan solo unidos (…) podemos salir de esta situación y fortalecernos ante una nueva crisis», ha defendido.
Lesmes también ha estimado que es «el momento idóneo para avanzar en la definitiva consagración de las nuevas tecnologías en la justicia y aprovechar el momento para transformarla en un servicio público moderno, dotado de las máximas cotas de calidad y eficacia», por ejemplo, usando medios telemáticos para «agilizar la carga de trabajo».
«Ir avanzando de manera progresiva en esta línea nos previene y puede contribuir a mitigar las consecuencias negativas para la justicia de la situación que estamos atravesando. Aprovechemos para mejorar la organización de la justicia», ha animado.
TRES GRANDES CAMBIOS
El abogado y economista del Banco de España Juan Mora-Sanguinetti, que ha intervenido en el mismo acto, ha hecho hincapié en el impacto que la justicia tiene en la economía, como «pilar» de la contratación privada de ciudadanos y empresas y garantía de los derechos de propiedad. A nivel internacional, ha explicado que suele repercutir en los mercados financieros, a lo que en España se suman consecuencias en las relaciones empresas y en la inversión.
Mora-Sanguinetti ha augurado que la pandemia podría incrementar el número de litigios y con ello el atasco en juzgados y tribunales, con el consecuente perjuicio económico, si bien ha instado al mismo tiempo a usar este «panorama algo gris» para «adelantarnos a los problemas y diseñar soluciones».
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha propuesto «tres grandes cambios» para remediar la «mala situación» de la justicia española, «que puede verse empeorada por la crisis del coronavirus». Así, ha mencionado la necesidad de encontrar alternativas a la «justicia formal», aumentar los «niveles de previsibilidad» de las respuesta judiciales y optar por «un enfoque mucho más gerencial de nuestra administración de justicia».
