La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, presentará este martes en el Congreso la última fiscalización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada por la institución, en la que recomendaba al Gobierno y al propio organismo encuestador corregir los desequilibrios económicos del centro en la etapa de gobierno del PP.
Esa fiscalización, que será objeto de debate en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, corresponde al ejercicio 2016 y precedentes, antes de que fuera nombrado por el socialista José Félix Tezanos. Entre enero de 2012 y diciembre de 2016 estuvo al frene del organismo Félix Requena y la titular del Ministerio de Presidencia, al que está adscrito, era la ‘popular’ Soraya Sáenz de Santamaría.
El CIS cerró 2016 con un déficit de 1,73 millones de euros. Aunque el balance actual es positivo, la institución fiscalizadora avisó entonces del riesgo de que esos ‘agujeros’ podían llevar a la disolución del centro.
En su informe, el Tribunal aprecia «debilidades significativas en el sistema de control interno del CIS» que en ese ejercicio «afectaban al correcto funcionamiento del organismo, de acuerdo con la normativa de aplicación y los principios de buena gestión». Entre otras cosas, el organismo carecía de un programa anual comprensivo de las actuaciones previstas para el desarrollo de sus funciones.
En lo relativo a los estados financieros, se indica que la situación de las masas patrimoniales del CIS en el ejercicio 2016 «confirmó la tendencia constante a la baja reflejada en las cuentas de los últimos ejercicios», pues «entre 2013 y 2016 el Patrimonio neto del CIS disminuyó en un 40%, como consecuencia del exceso de gastos sobre los ingresos del organismo».
«Los ingresos se mantuvieron relativamente estables en el período, siendo insuficientes para cubrir los gastos incurridos en cada uno de los ejercicios analizados», concluye. Así, la liquidación presupuestaria del CIS en 2016 presentó un resultado presupuestario negativo por importe de 1.734.868,43 euros.
Las obligaciones reconocidas por el CIS en 2016 ascendieron a 7.661.223,15 euros (92% de los créditos definitivos), correspondiendo los mayores importes a gastos de personal y de bienes corrientes y servicios, cuyas obligaciones reconocidas supusieron, respectivamente, el 43% y el 51% del total. Por contra, la recaudación neta del ejercicio ascendió a 3.540.962,81 euros, representando el 60% de los derechos reconocidos.
En ese contexto, el Tribunal de Cuentas avisa que «de mantenerse la situación de desequilibrio financiero que reflejan las cuentas del CIS en el ejercicio fiscalizado y en los precedentes, el organismo podría incurrir en el supuesto de disolución».
CON TEZANOS, BALANCE POSITIVO
La situación parece haberse resuelto pues, según recogía el Tribunal de Cuentas en una nota actualizada, con el socialista José Félix Tezanos en la Presidencia, las cuentas del CIS para el ejercicio 2018 ya presentaban «un resultado presupuestario positivo por importe de 1.258.514,11 euros», lo que modificaba la tendencia al desequilibrio observada en los ejercicios 2013-2017, en la etapa del PP.
En todo caso, la institución que preside María José De la Fuente recomiendó al Gobierno y al CIS «adoptar las medidas necesarias para superar la situación de desequilibrio financiero» detectada en la última fiscalización.
El informe también pone de manifiesto «la insuficiencia de los medios personales» destinados en las unidades encargadas de la gestión ordinaria de los gastos e ingresos del CIS, lo que ha dado lugar a un inadecuado sistema de distribución de funciones entre el personal del organismo.
Igualmente, el Tribunal de Cuentas asegura haber detectado asimismo «deficiencias» en la contratación de los encuestadores y otro personal, así como en la tramitación de las becas de postgraduados.
En este sentido, el Tribunal recomienda al CIS disponer las medidas necesarias para reforzar su sistema de control interno y superar las deficiencias de gestión observadas. En particular, ve conveniente redactar manuales de procedimiento en materia de becas y ayudas, revisar el sistema de distribución de funciones en la tramitación de las becas y de otras transferencias, ajustar la gestión de los trabajos encargados al personal de la red de campo (encuestadores), entre otras medidas.
También aconseja al Gobierno adoptar las medidas necesarias para adecuar la capacidad operativa del CIS, en cuanto medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los organismos públicos dependientes de ella, a los requerimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.
