El PSOE ha recuperado para el arranque de la próxima legislatura algunas de las leyes que ya utilizó durante la anterior. En total, ha registrado en el Congreso de los Diputados unas seis proposiciones de ley: igualdad de trato y salarial, la memoria histórica, la eutanasia, la estabilidad presupuestaria y los plazos para la instrucción en procedimientos penales.
En esta misma línea está la proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, cuyo cometido es acabar con las denominadas «brechas» en el empleo y de manera especial, abordar la intolerable brecha salarial.
MEMORIA HISTÓRICA
Otra de las iniciativas es la proposición de ley de memoria histórica y democrática, con la finalidad de reconocer la memoria de «quienes lucharon por la libertad y la democracia y desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó, como símbolo más contundente de la negación de aquellos valores».
Por otra parte, la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia pretende dar «una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia«.
Los socialistas justifican también la reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria en que su redacción actual no permite que la aprobación de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto «sea ágil y adecuado a cada órgano constitucional».
CORRUPCIÓN
«La redacción actual de la ley no cumple con esos requisitos y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España», critican desde el PSOE, que busca poder levantar un posible veto a estos objetivos del Senado, Cámara que en todo caso ahora controlan los socialistas con mayoría absoluta.
Por último, la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la ley de enjuiciamiento criminal pretende «agilizar la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, así como evitar la prescripción encubierta de los delitos más complejos como son los relacionados con la corrupción».
