Vox, personado como acusación popular en la causa en la que se investigaba a varios funcionarios por la escala que hizo en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recientemente archivada por el instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, recurrirá esta decisión y pedirá la nulidad de las actuaciones realizadas hasta el momento.
Así lo ha señalado la portavoz jurídica de la formación, Marta Castro, tras asistir a otras diligencias penales en las que el partido liderado por Santiago Abascal está personado en relación con las finanzas de Podemos.
«Hemos presentado una nulidad de actuaciones porque no hemos tenido acceso ni a la grabación ni a ninguna de las pruebas que el fiscal sí que ha tenido acceso, y por eso ha pedido el archivo», ha explicado Castro a las puertas de los juzgados de instrucción de Madrid. La denuncia se interpuso tras desvelarse que, durante su escala, Rodríguez fue visitada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
A juicio de Castro, y para poder pronunciarse, Vox debe tener acceso como acusación popular de todo lo actuado. También recurrirán el auto de archivo dictado hace unos días por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.
En su resolución, de apenas unas páginas, Serrano-Arnal archiva las actuaciones y determinaba que, «en cualquiera de las versiones» que ha escuchado sobre la escala que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto Barajas, ésta no llegó a entrar en el espacio Schengen, ni consta indicio alguno de que lo intentara, razón por la cual ha archivado el ‘Delcygate’ en lo relativo a un presunto delito de prevaricación administrativa contra funcionarios.
Serrano-Arnal ordenó el sobreseimiento provisional de la causa en la parte que corresponde a su juzgado, que partió de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra los funcionarios que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.
El juez se apoyó para ello en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, conforme al cual las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles no pueden considerarse territorio español.
El juez indicaba igualmente en su resolución que tampoco podrían interpretarse como una vulneración de las sanciones europeas «aunque se hubiere producido una desviación de la ruta seguida y traspasado escasos metros el territorio Schengen, alojándose, en su caso, en estancias al efecto dispuestas para la espera del vuelo de enlace a destino».
El juez se refiere específicamente al caso de uno d ellos imputados Koldo García Izaguirre, miembro de la comitiva que se trasladó junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al aeropuerto madrileño y contra el que se querelló Vox. Respecto a él, ha entendido que al no ser funcionario público solo podría ser sujeto pasivo de un delito de desobediencia, pero también lo ha descartado.
El ‘Delcygate’ también está en el Tribunal Supremo (TS) por las querellas presentadas por Vox y el partido Laócratas contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.
Ante este órgano la Fiscalía del Supremo también ha pedido inadmitir estas querellas porque no ve «indicios suficientes» de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación, ni de la participación de Ábalos en los mismos. El Ministerio Público no cree que la actuación del ministro «fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático».
Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la ‘número dos’ de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.
Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.
Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño –según explicó él posteriormente– para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.
