El secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha aludido este viernes el pacto del Gobierno con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado como «remate» de los obstáculos que su partido ve para pactar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace dos años y que desde algunos ámbitos se señala que podía producirse en las próximas semanas.
«Estamos ante un presidente que siente más cómodo con aquellos que atacan el Estado», ha manifestado el también consejero de la Comunidad de Madrid al ser preguntado sobre este asunto durante un acto público de carácter educativo en la capital.
«Pedimos que rectifique», ha insistido, para añadir que desde el PP esperan que las condiciones que han puesto para retomar las negociaciones respecto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y se cumplan «cuanto antes» y vayan en la línea de «proteger la independencia del poder judicial y despolitizar el órgano».
Las palabras de López, a quien se sitúa como interlocutor en las negociaciones, chocan con la visión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha asegurado este viernes durante una entrevista en TVE que existe «un gran deseo» de que en los primeros días del mes de diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución, pueda haber «fumata blanca» con la renovación del Consejo.
Por contra, López ha insistido en sus declaraciones en que el Partido Popular se mantiene «en su posición de partido de Estado» y ha insistido en que se pidieron tres condiciones al PSOE para poder encarar esta renovación: que retire esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial «criticada por Europa» (que preconiza una mayoría no reforzada para elegir a los vocales de origen judicial del Consejo); que Unidas podemos no esté en esa causa «de ninguna manera» y «avanzar hacia la despolitización.
Según López el Gobierno parece «empeñado en hacer una especie de carrera de obstáculos. «Primero nos colocó a Dolores delgado cono fiscal general del Estado cuando había sido anteriormente ministra y diputada, y permite que su vicepresidente demonice e insulte de forma permanente al Poder Judicial y a jefe del Estado», ha insistido.
En este punto López ha añadido que «ahora ya para remate» el Gobierno «promueve un pacto con un partido político, cómo es Bildu, heredero de ETA que fue legalizado por el Tribunal Constitucional y que se jacta de que viene a Madrid a demoler a tumbar el sistema», lo que cita como otro de los obstáculos para el acuerdo.
