La banca ha asestado otro duro golpe a Ombuds. De nada han servido sus esfuerzos para obtener nuevas líneas de crédito, los bancos, como ya preveían fuentes expertas en el sector, se han negado. Los cerca de 8.000 empleados de la empresa de seguridad aún mantenían las esperanzas de que se consiguiera la financiación, pero ahora temen más que nunca por su futuro.
Los sindicatos y representantes legales de los trabajadores denuncian la “terrible” opacidad con la que la empresa está tratando el tema. “No solo nos ocultan información, sino que nos mienten”, afirma Alberto García, coordinador general de comunicación de Alternativa Sindical.
Durante las negociaciones con las entidades bancarias, la familia Cortina ha defendido en todo momento que el 31 de julio entrará a la empresa nuevo capital extranjero. Según sostienen desde Ombuds, este inversor adquiriría el 80 % del grupo. Actualmente los estadounidenses JZI controlan el 75%, mientras que el 25% restante es de los Cortina.
García insiste en que la empresa, en “un acto de irresponsabilidad empresarial”, “miente sobre la existencia de ese inversor” y solo quieren ganar tiempo para eludir el concurso de acreedores. El portavoz sindical entiende que “el grupo de seguridad haga lo que sea para buscar su supervivencia”, pero critica “que se juegue con el pan de los trabajadores y alarguen su preocupación”.
LA RELACIÓN DE LOS CORTINA CON LOS BANCOS
La familia Cortina ha intentado durante este mes conseguir financiación a través de la banca, sin éxito. El viernes recibieron el primer “no”, pero lo intentaron una vez más este martes y los bancos Santander, CaixaBank y Bankia, volvieron a negarle la línea de crédito.
Alternativa Sindical critica también la poca transparencia que están mostrando las entidades bancarias. García cree que el Santander, que siempre se ha preocupado por cuidar su imagen, “no quiere hacer pública su decisión para no preocupar a los trabajadores”. En el caso de Bankia, el portavoz sindical sostiene que “un banco rescatado con dinero público” no va a darle crédito a una empresa “inviable”.
“Los bancos, como ente privado, quieren ganar dinero y no van a invertir en un cliente de alto riesgo”, afirma García. Y que además acumula una deuda de más de 40 millones con la Agencia Tributaria. El grupo de seguridad quiere obtener el dinero para pagar a los trabajadores, pero los intereses que recibirían de una hipotética financiación bancaria les haría empeorar su situación.
El tiempo corre en contra de Ombuds, que en un desesperado último intento, también ha mantenido una reunión con Abanca. La empresa tiene hasta el 31 de julio, momento en el que tendrá que abonar la nómina de ese mes, para conseguir financiación o plantearse lo que hasta ahora han evitado: declararse en concurso de acreedores.
OMBUDS, UN PASO MÁS CERCA DEL CONCURSO DE ACREEDORES
El pasado 30 de junio la empresa presentó una solicitud al Juzgado Mercantil, declarándose en pre-concurso de acreedores. Ese mes, junio, fue el primero que no pudieron hacer frente a la nómina de sus trabajadores. Y la situación se agrava en julio, donde tendrán que abonar la paga extra más el sueldo correspondiente.
Las instituciones y grupos que tienen subcontratados los servicios de Ombuds, como Museo Thyssen, Metro de Madrid y Barcelona, Agencia EFE, IFEMA, Renfe o Carrefour ya están al corriente del conflicto laboral. Representantes de los trabajadores, como Alternativa Sindical, han enviado a cada una de estas empresas un comunicado informando de las novedades del caso. Una de ellas, el Museo Thyssen afirma que ya están tratando el tema con el grupo de seguridad, aunque de momento no han tomado ninguna decisión al respecto.
Para Alberto García la mejor solución para salvaguardar el futuro de los empleados es que estas entidades rescindan unilateralmente su contrato “cuanto antes” con Ombuds. Contratos como el Metro de Madrid, por ejemplo, incluyen una cláusula por la que en caso de impago se resolvería el acuerdo con la empresa. García insiste en que tanto Metro como Carrefour ya están estudiando esta medida.
Si finalmente deciden adoptarla deberán hacerlo antes del 31 de julio. El sindicalista advierte de que después de esa fecha la empresa se declarará con toda probabilidad en concurso de acreedores y los grupos afectados “ya no podrán echar marcha atrás”. Este procedimiento es largo y no asegura el futuro de los trabajadores.
Una vez decretado el concurso, un tribunal emite un auto y designa un administrador concursal. Esta figura es la encargada de estudiar las cuentas, paga a los acreedores y en caso de no disponer de ese dinero, vende los activos (vehículos, mobiliario de oficina, inmuebles, etc.) en busca de liquidez.
En el caso de Ombuds, lo primero que tendría que pagar son los millones que adeuda con la Agencia Tributaria. Alternativa Sindical cree que después de abonar esta cantidad no va a quedar efectivo para pagar las nóminas atrasadas. Por lo tanto, una vez que la empresa sea liquidada, los trabajadores tendrán que presentar una demanda al Juzgado de lo Social reclamando su dinero, que “con toda probabilidad, acabará pagando el Fogasa”.
Un tedioso y largo procedimiento que podría alargarse incluso dos años y que García sostiene que podría simplificarse. “Si las empresas afectadas acabaran con su contrato, podrían subcontratar a otros grupos solventes en el sector como Eulen, Prosegur o Securitas”. Así la continuidad laboral de la plantilla estaría “asegurada”.
LOS TRABAJADORES COMIENZAN A MANIFESTARSE
Los empleados, repartidos en toda la geografía española, no aguantan más. El equipo de seguridad del Metro de Barcelona ha comenzado esta semana una huelga indefinida convocada por los sindicatos ADN Sindical y la Asociación Profesional de Seguridad y Servicios de Tarragona (APSS-T).
La protesta ha obtenido más de un 90% del seguimiento en su primer día. Solo en la ciudad condal hay 300 trabajadores afectados, que pretenden continuar con nuevas movilizaciones. Sin embargo, para Alternativa Sindical esta medida es de momento poco efectiva. Entienden que se trata de una forma de “presión”, pero que se va a conseguir poco “porque es un problema de liquidez, no social”. Además, aseguran que los servicios mínimos que se han impuesto son “abusivos”.
Mientras tanto los sindicatos mayoritarios como son UGT y CCOO de momento apelan a la “cautela” a los miles de profesionales de Ombuds. Ambas organizaciones sindicales presentaron a principios de julio un documento junto al grupo de seguridad donde aseguraban que se pagaría entre el 15-16 de julio. Un plazo que tuvieron que prolongar en un posterior comunicado hasta el citado 31.
Los representantes de los trabajadores acusan a “la familia Cortina de usar” tanto a UGT como a CCOO para “dar credibilidad” y transmitir “tranquilidad a los 8.000 trabajadores afectados”. Asimismo, critican que los dos sindicatos, referentes en el sector, hayan cedido a “las peticiones interesadas de los Cortina”.
