La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado este martes de que el PSOE y Unidas Podemos no aparcarán la proposición de ley de reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras el PP continúe sin sentarse a discutir su renovación, pendiente desde hace dos años.
Montero ha respondido así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada por las razones por las que aún esa proposición de ley sigue su tramitación en el Congreso después de que el propio presidente, Pedro Sánchez, anunciara en el debate de la moción de censura promovido por Vox que pararía el reloj de esa reforma para pactar con el PP la renovación del órgano de gobierno de los jueces y el resto de órganos constitucionales con mandato caducado.
La ministra ha comenzando recalcando que si se llevó al Congreso esa ley fue justamente para intentar superar el «bloqueo» al que el PP ha sometido para actualizar a los vocales del CGPJ, al no querer ejercer la tarea que le corresponde como oposición, lo que ha impedido que se haya podido renovar en los últimos dos años de forma natural su composición.
EL GOBIERNO NO PUEDE SER ESPECTADOR
Entenderán que el Gobierno no se puede quedar como espectador cuando un partido esta bloqueando la renovación de un órgano constitucional que tiene que estar en pleno rendimiento para poder desarrollar su tarea democrática», ha abundado para justificar la presentación de la citada proposición de ley promovida por el PSOE y Unidas Podemos y que desde Bruselas llegaron a cuestionar.
Con todo, Montero ha subrayado que la ‘oferta’ de Sánchez al PP para con el CGPJ «sigue plenamente vigente» y que la proposición de ley quedará parada cuando el PP se quiera para discutir «honestamente» de la renovación del Consejo del Poder Judicial.
«Si esa circunstancia no se ha producido es porque todavía el PP, o ni ahora ni nunca, va a querer hacer lo que le corresponde constitucionalmente, como es la renovación del CGPJ, al igual que el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o Radio Televisión Española (RTVE)», ha concluido.
La proposición de ley, una vez calificada por la Mesa del Congreso, se envió al Gobierno para que dé su conformidad a debatirla, para lo que dispone de un plazo de 30 días que aún no ha terminado. A partir de ahí, será el momento de poner fecha a su primer examen en el Pleno del Congreso.
