La defensa del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo ha insistido mediante un recurso de reforma ante el juez que instruye el caso ‘Tándem’ en la Audiencia Nacional para que el contenido del chats de los abogados de Podemos del que se podría derivar una supuesta connivencia con los fiscales del caso sea incorporado a la causa.
El letrado Antonio José García Cabrera, de la firma Lemat Abogados, recurre de este modo la providencia dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la que rechazó la petición que había realizado tanto él como la defensa de uno de los investigados en la pieza de Iberdrola, que pretenden que el magistrado investigue si la Fiscalía filtró información al partido político Podemos en las piezas relativas al BBVA y a la eléctrica cuando aun estaban secretas. El juez se opuso aduciendo que el interés de las partes des del de valorar la actuación del Ministerio Fiscal y que él carece de facultades para interferir en la actuación.
Concretamente, la defensa de Villarejo pide que se lleven a la investigación en la Audiencia Nacional los mensajes enviados por mensajería electrónica aportados por el que fuera abogado de la formación morada José Manuel Calvente ante el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, donde se estudió una denuncia contra él presentada por otra de las letradas de Podemos, Marta Flor, que fueron archivadas. También pide que se aporte al caso Villarejo el testimonio prestado de Calvente en este asunto el pasado 10 de septiembre, según el escrito.
Villarejo alega que de no contar con esta información se estaría conculcando el principio de igualdad de armas que consagra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que incluye la fase de instrucción, y que requiere que se le ofrezca a cada parte en un proceso penal una»oportunidad razonable de presentar su caso en unas condiciones que nola sitúen en una posición de desventaja respecto a su oponente».
Insiste en que de las conversaciones pueden derivarse la constatación de «hechos muy graves» que de ser ciertos tendrían indudable trascendencia procesal, «no pudiendo impedirse su conocimiento a las partes y, en su caso, en ejercicio de su derecho de defensa la realización de alegaciones y peticiones correspondientes que deben ser resueltas por un órgano jurisdiccional imparcial».
Para justificar su petición, el abogado reproduce parte de la declaración que el propio Calvente realizó en el marco de esta causa ante el juez García Castellón en la que fue preguntado por el contenido de estos ‘chats’ y si consideraba que los fiscales se habían mostrado dispuestos a apoyar los planes de Podemos o si aconsejaron a sus abogados sobre las diligencias que debían solicitar para la apertura de la pieza separada «Dina», donde se investiga el uso de material robado de un teléfono móvil de una exasesora del líder de Podemos. El abogado se limitó a responder que dicha información estaba en los mencionados ‘chats’.
RELACIONES PERSONALES
En otro momento de la declaración, según la transcripción de la misma obrante en el escrito, el abogado de Villarejo preguntó a Calvente por una supuesta relación personal entre uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, (que ese día había sido sustituido en la diligencia de declaración por su jefe, Alejandro Luzón) y la abogada de Podemos Marta Flor, momento en el que el juez intervino para señalar que no podía admitir que se entrara en relaciones personales.
«¡Pero, señoría, estas personas han ordenado detenciones en la causa! ¡Cómo que las relaciones personales entre una abogada y la Fiscalía no son objeto de la causa, de verdad», respondió Calvente.
El juez le señaló que a no ser que se le presentara un documento «cercano a una prevaricación» respecto a los fiscales no se lo podía admitir, dado que las relaciones íntimas «son eso, íntimas, y por lo tanto si tuvieran o dejaran de tener» no era algo que le interesara.
«Otra cosa son los actos que se han llevado a cabo», añadió para concluir que la declaración de Calvente, que por entonces excedía ya las tres horas, no era concluyente. Por su parte, Luzón apuntó que de leerse ‘chats’ deberían ser al completo, y no fragmentos publicados por algunos medios de comunicación.
En otro momento de la diligencia, Luzón afirmó que «como fiscal jefe» defendía que actuación procesal de los fiscales –Ignacio Stampa, hoy apartado de la causa, y Miguel Serrano- en este procedimiento estaba siendo «impecable, en las antípodas de cualquier conspiración, complacencia o connivencia con ninguna de las partes» y añadió que nada le complacería más que la aportación de todas estas conversaciones al procedimiento.
Para la defensa de Villarejo, sin embargo, la decisión del juez de no aportar estos ‘chats’ al proceso «impide la propia constancia en el proceso, y con ello el conocimiento por las partes de unos hechos que de ser ciertos tendrían indudablemente consecuencias procesales cercenado el derecho de las partes a alegar y/o probar sobre ellos», añade el escrito, de 39 páginas.
A ello añade el contenido de una información periodística que señalaba que o los fiscales filtraron a Podemos las causas secretas de BBVA e Iberdrola meses antes de que esta investigación se conociera.
«Si y no hay nada que ocultar desde luego ni la acusación pública ni la popular deberían oponerse a la práctica de esta diligencia, si también es verdad que nada complacería más al Ministerio Fiscal que su aportación completa al proceso», concluye en su recurso.
