El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado 431 inspecciones en centros dependientes de la Consejería de Bienestar Social desde que empezó la pandemia del coronavirus hasta la fecha, y de ellas, 388 corresponden a centros residenciales de personas mayores.
Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su intervención en el debate general relativo a la situación de las residencias de mayores en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La consejera ha explicado que el plan de inspección de Castilla-La Mancha tiene dos objetivos fundamentales, el primer lugar apoyar e informar a todos los centros residenciales, pero también controlar la gestión para el cumplimiento de las normas, algo que «es clave».
Este plan de inspección a lo largo de las dos olas de afectación del COVID ha pasado por tres fases, ha explicado. La primera fase con un plan de inspección COVID de mayo a junio. Durante esos meses se realizaron 264 inspecciones en las residencias de la región.
La segunda fase del plan ha sido desde julio hasta mediados de octubre y en este tiempo se han hecho 167 inspecciones dentro del plan normalizado anual. Y en este momento, ha señalado Sánchez– están los dos planes vigentes de forma simultánea: el plan anual de inspección y el plan de inspección COVID.
El plan de inspección COVID en este momento se está dirigiendo prioritariamente a aquellas residencias que tiene algún caso positivo y a aquellas que no han tenido ningún caso positivo en la primera ola y que supone el mayor riesgo para esta segunda ola, ha apuntado.
AUDITORIA
La titular de Bienestar Social ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a garantizar el acuerdo de recuperación post COVID en los centros residenciales de la región, «en todos y cada uno de sus puntos. El primer punto de ese acuerdo –ha dicho– está referido al plan de diagnóstico y auditoria del modelo residencial.
A ese respecto, ha aprovechado para anunciar que la auditoria referida a la primera ola de la pandemia en centros residenciales de Castilla-La Mancha está realizada y «en próximas fechas» estará a disposición de quien quiera consultarla.
También con relación al plan de diagnóstico, ha manifestado que se está realizando un estudio de todos los centros residenciales de la región para que pueda estar a disposición de quien quiera consultarlo.
Los demás puntos dentro del acuerdo político para la recuperación post COVID también están «muy avanzados», ha apuntado Sánchez, como el decreto de condiciones básicas para centros destinadas a personas mayores que tiene unas novedades importantes con relación a las ratios de personal. «En este momento se están valorando las ratios de personal y el diseño de infraestructuras de los centros sociosanitarios. Tenemos que ir transitando hacia espacios convivenciales muchos mas pequeños, y eso va a estar incluido dentro de ese decreto». También va a incorporar este decreto la aplicación de las normas de calidad UNE.
Asimismo, ha afirmado que este acuerdo de reconstrucción también incluye un punto relacionado con la concertación social. «A este respecto también estamos desarrollando una normativa que es un decreto de concierto social que será de aplicación ya el próximo año para las residencias de mayores concertadas con el Gobierno de Castilla-La Mancha», ha recalcado.
Aurelia Sánchez, ante las críticas del PP, ha defendido que Castilla-La Mancha cuenta con un presidente que «se deja la vida y la salud» por combatir el COVID en la región. «Lucha cada día por el bienestar de la gente y por defender los derechos de las personas de Castilla-La Mancha, especialmente de los más vulnerables y los más mayores».
Con relación a los datos, ha asegurado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hay «plena transparencia» a todos los datos de incidencia de la comunidad autónoma. Así, ha dicho que en Castilla-La Mancha hay 112 residencias afectadas, 862 residentes y 230 trabajadores. Por provincias, Toledo es la más afectada, seguida muy de lejos por Guadalajara, Albacete, Cuenca y Ciudad Real.
CIUDADANOS
Ha sido la parlamentaria de Ciudadanos Úrsula López la que ha alertado de que –hasta día de ayer– un total de 2.644 mayores castellanomanchegos usuarios de residencias de mayores han perdido la vida a causa del COVID, lo que supone más de 77% del total de fallecimientos registrados en la región.
Luego de que el sistema residencial de mayores se ha convertido «en una trampa mortal», ha advertido de que ya son 108 de estos centros los que presentan 863 contagios, precisando que no se trata de cifras, sino vidas. «Detrás cada muerte hay una vida, una historia que no supimos proteger».
En este punto, ha asegurado que se le antoja «utópico» creer lo que la consejera defendió a finales de mayor en Cortes cuando aseguró que, tras el impacto de la primera ola, el sistema residencial regional estaba mejor preparado, pues desde mitad de octubre los contagios crecen a un ritmo de cuatro residencias por día. PARTIDO POPULAR
De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merina, ha arrancado sus intervención acusando al Ejecutivo regional de volver a caer en los mismo errores de gestión en esta segunda ola y además presentar un «peor escenario».
De ahí que, después de alertar de que las residencias de mayores de la región están siendo, como en los meses de marzo y abril, «los mayores focos del virus», ha preguntado a la consejera del ramo por los protocolos de actuación y las medidas que frenen contagios y muertes en residencias.
«Ustedes son los únicos responsables de la gestión de esta crisis en la región», ha añadido Merino, que tras confesar que su padre, enfermo de Alzheimer, está en una residencia, ha pedido a la responsable de Bienestar Social que asuma sus errores de gestión. «Le pido consejera que sea responsable y, si no es capaz, váyase. Es muy doloroso lo que se está viviendo en Castilla-La Mancha. Déjese la piel por proteger la vida de las mayores o al menos por garantizarles una muerte digna».
PSOE
Por último, el parlamentario socialista Pablo Camacho ha asegurado que todas las comunidades están sufriendo los mismos problemas y que el Gobierno regional está movilizando todos los recursos posibles, tanto económicos como humanos, para que el virus no entre en las residencias.
Por ello, para afear la actitud de «odio» de la portavoz del PP ha terminado parafraseando al escritor Juan José Millas, que ha dicho que «En España cuando hay muertes hay buitres». «Visto lo visto no le falta razón», ha concluido.
En su propuesta de resolución, Ciudadanos propone un Plan de Choque dirigido a todas las personas relacionadas con las residencias de mayores, mientras que el PP pide garantizar que todas las residencia de mayores cuenten con el personal suficiente con el apoyo económico necesario por parte de la administración pública, con especial atención en las zonas rurales. El PSOE, por su parte, insta al Gobierno regional a elaborar, con la mayor inmediatez posible, un nuevo plan de concertación social con las residencias de mayores.
