La Guardia Civil está rastreando mediante una Orden Europea de Investigación (OEI) la red de apoyo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que se montó con la colaboración de Jaume Cabaní Massip, un informático al que sitúa como «gran cerebro» y «nexo entre las dos principales fuerzas políticas independentistas, PDeCAT y ERC». Constata que se trasladó a principios de 2018 a Waterloo, ciudad belga en la que reside el exmandatario catalán, y que es «el encargado de la transformación del dinero malversado en criptomonedas».
En un informe, que consta en el sumario del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona sobre el entramado empresarial que supuestamente desvió fondos para el ‘procés’, la Guardia Civil dice de Cabaní que se «registró como informático en el edificio de Waterloo en el que reside el expresidente Carles Puigdemont». Añade, en concreto, que es «el encargado de los temas digitales entre los que se encontraría la transformación del dinero malversado en criptomonedas».
Los agentes se refieren a la intervención de conversaciones telefónicas de los principales implicados: «La primera pista sobre la participación en los hechos objeto de pesquisas de Jaume Cabaní se obtuvo en los propios audios de Víctor Terradellas y, especialmente, en la conversación que mantuvo con David Madí, pues fue entonces cuando se mencionó a Cabaní como la persona que estaba trabajando en criptomonedas, al que definieron como gran estructurador, gran cerebro y patriota de piedra picada».
Según los investigadores de la Policía Judicial, la criptomoneda era la «vía ideal para lograr sus objetivos, que no pueden ser otros que disponer de financiación, originariamente procedente de fondos públicos, para avanzar hacia la independencia». En este punto señalan unas anotaciones de Francesc Homs de que «la guerra necesita euros», así como el papel de Víctor Terradellas para «diseñar una estrategia para alcanzar e imponer su tesis en el partido liderado por Carles Puigdemont».
DE CATGLOBAL A UNA SOCIEDAD EN ESTONIA
La Guardia Civil enclava todo este plan en el proyecto de República Digital que evite los controles del Estado. Según los investigadores, «en su implementación surge la figura de Jaume Cabaní, pues sería la persona responsable de coordinar desde Waterloo los trabajos de implementación de semejante proyecto en conexión directa con el Departamento de Políticas Digitales, ambos dirigidos por Junts per Catalunya».
Hablan de la «estrecha relación y situación estratégica en la esfera de poder de Puigdemont» y dicen que Cabaní es «directamente responsable del mal uso» que «indudablemente» se está haciendo de recursos públicos con el desvío de fondos «para fines ajenos a los que debe destinarse». La trama, dice la Guardia Civil, captaría fondos de entidades públicas vinculadas a Convergencia Democràtica de Catalunya, y cita: «Generalitat, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona y Ferrocarriles de la Generalitat», así como fundaciones como Catmon o Igman.
«Una vez esos fondos obran en poder de la entidad subvencionada se redirigen hacia destinos que nada tendrían que ver con el objeto para el que las subvenciones fueron concedidas, como el caso de remunerar a Jaume Cabaní Massip con pagos en su cuenta bancaria», señala la Guardia Civil, que incluye dicha cuenta acaba en 8024, «o para fomentar eventos como el de Crans Montana, directamente vinculados a los movimientos de internacionalización del conflicto catalán buscando apoyos de otras instituciones y países».
La Guardia Civil recuerda que, además de gestionar CATGLOBAL –«registrada en Waterloo y utilizada para la captación de fondos de los ciudadanos que participan en la financiación de los gastos de Carles Puigdemont»–, el informático Jaume Cabaní «ha creado una sociedad en Tallin (Estonia) con nombre Catalitza Oü», con fecha de 30 de agosto de 2019.
«Se trata de un país puntero en la digitalización de su administración», argumenta la Guardia Civil, «por su propia historia podría fácilmente posicionarse del lado del independentismo en sus aspiraciones soberanistas».
LA REPÚBLICA DIGITAL
En su informe, de 27 de diciembre de 2019, la Guardia Civil asegura que no han podido acreditar aún que la asociación CATGLOBAL sea una vía de financiación, aunque sí aseguran que la hipótesis que sostienen es que «la intención última es provocar un cambio en el modelo económico transformando los recursos monetarios de los que puedan disponer en la actualidad o en el futuro en criptomoneda con la finalidad de evitar las acciones de control de los poderes públicos».
En este punto se remiten a una conversación entre Terradellas y David Madí, detenidos ambos en varias fases de la operación de la Guardia Civil, en la que dicen que «ellos pueden prohibir la peseta pero no pueden prohibir ir con Bitcoins’s», en lo que deducen que es una referencia a las autoridades europeas.
Para la Guardia Civil este plan se incardina en una «estrategia mucho más amplia» que sería activar la Asamblea de Cargos Electos y el Consell per la República, «algo así como un Parlament y un Govern paralelos que permitirían seguir dirigiendo el devenir político y administrativo de los ciudadanos catalanes».
«Una vía de escape» al control del Estado sería la «digitalización» de la administración, para lo que los investigadores creen que se toma como inspiración el modelo de Estonia. En este punto recuerdan que la Generalitat habilitó en el referéndum del 1-O una web para introducir ciertos datos personales y así conocer el colegio electoral.
