Después de que el Ayuntamiento de Sevilla desestimase las alegaciones formuladas por TCM Audiovisión, en el marco del procedimiento iniciado en enero para extinguir el contrato de arrendamiento gracias al cual tal empresa gestiona el auditorio Rocío Jurado, construido en la Cartuja con motivo de la exposición universal de 1992 y de titularidad municipal desde 2006, TCM ha asegurado que el Consistorio le adeuda 2,2 millones de euros y que recurrirá a la Justicia si es necesario.
En un comunicado de prensa, el gerente de TCM, Francisco Bustamante, reacciona al nuevo acuerdo adoptado por el Ayuntamiento hispalense respecto al procedimiento emprendido para extinguir el contrato del que goza la empresa con relación al auditorio de la Cartuja.
El acuerdo inicial aprobado en enero, recogido por Europa Press, detallaba que el recinto, legado de la exposición universal de 1992 y diseñado por el arquitecto Eleuterio Población Knappe, estaba en manos de la Sociedad Estatal de Gestión de Activos (Agesa), que en 2002 suscribió un contrato de arrendamiento respecto al mismo con la sociedad TCM Audiovisión, gracias la cual dicha entidad privada se hacía cargo durante 30 años de la gestión y explotación del auditorio.
En ese sentido, cuando en 2006 Agesa cedió la titularidad del auditorio al Ayuntamiento de Sevilla, este último quedaba «subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador», con lo que TCM Audiovisión mantuvo la gestión del recinto, nominado entonces en favor de la cantante Rocío Jurado con motivo de la muerte de la misma y su relación con dicha construcción, pues fue la artista encargada de estrenarlo y celebró muchas actuaciones en él.
No obstante, y conforme al citado contrato de arrendamiento del auditorio, el mencionado acuerdo de la junta local de gobierno exponía que entre 2007 y 2019, TCM Audiovisión habría acumulado deudas con el Ayuntamiento por importe de más de 2,53 millones de euros, por el «impago de las rentas» incluidas en dicho contrato de alquiler, extremo por el cual se decidía iniciar la extinción del mismo.
LAS ALEGACIONES
Frente a este acuerdo de la junta local de gobierno, empero, la empresa afectada contaba con el correspondiente plazo de alegaciones, unas alegaciones ahora desestimadas por la junta local de gobierno, que ha acordado así continuar con el procedimiento de extinción del contrato de arrendamiento, según han informado fuentes municipales.
La desestimación de las alegaciones se basa, según el Ayuntamiento, en «las cantidades adeudadas durante los últimos años por el impago de las rentas y de conceptos asociados como el IBI», que se elevan a 1.760.130 euros desde 2015; así como «la nulidad del contrato de cesión realizado por TCM a favor de otra empresa».
«Este contrato se basaba en el supuesto de la explotación de un hotel, una zona anexa complementaria y el cerramiento del auditorio y por tanto en una modificación sustancial de las condiciones del contrato suscrito por el Ayuntamiento», indican las fuentes municipales.
Una vez adoptado este acuerdo en el seno de la junta local de gobierno, TCM contará con otro plazo de 30 días naturales para el pago de las cantidades que le reclama el Ayuntamiento, que declarará la extinción del contrato de alquiler si en dicho periodo no se formaliza el pago, sin derecho a indemnización alguna.
«OPORTUNIDAD» PARA SEVILLA
Frente a ello, el gerente de TCM avisa de «la oportunidad que puede perder Sevilla de, por fin, tener un gran auditorio techado con capacidad para 16.000 espectadores, que las máximas autoridades municipales no hacen más de siete meses catalogaban de proyecto estratégico animando a seguir hacia adelante».
Además, advierte de «lo injusto de una situación del contrato del que me debería haber plantado hace muchos años», extremo que según expone Bustamante no hizo «por la cantidad de empleos directos e indirectos generados y por los cientos de miles de espectadores que llevan disfrutando del Auditorio Rocío Jurado».
«Quizás ese haya sido mi gran error. No haberme parado y obligado a las autoridades a resolver unos problemas que no había creado yo», enfatiza el gerente de TCM, exponiendo su creencia «ciega en la Justicia», porque «si finalmente hay que ponerse en manos de ella, me protegerá como protege siempre la verdad y las buenas intenciones».
«Solo llevo pidiendo una salida totalmente legal, que existe, a la situación creada desde hace 13 años. Que solucionemos la deuda de 2.200.000 euros que tiene el ayuntamiento con TCM y que resuelvan el problema de la sentencia de 2014 que obliga a una gran reforma del Auditorio», agrega Francisco Bustamante.
«Que piensen en los empleos que hemos generado directos e indirectos. Muchísimos. Y en los de muchos cientos de miles de espectadores que han disfrutado de sus artistas preferidos. Y de las miles de personas que hay con sus entradas compradas para toda la programación de 2020 que se ha aplazado para el 2021, con 24 conciertos», señala el gerente de TCM.
