El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez declara hoy en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la ‘operación Kitchen’ organizada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer.
Es la tercera vez que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le llama a declarar por estos hechos desde que le imputó el pasado mes de enero por su posible implicación en el operativo parapolicial sufragado con fondos reservados y al margen del control judicial para sustraer a Bárcenas la información sensible del PP que guardaba y así poder ocultársela a la justicia.
En aquella ocasión, el que fuera ‘número dos’ del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz guardó silencio, ya que se acogió a su derecho a no declarar alegando que las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario.
Más tarde, el magistrado instructor le volvió a citar el pasado 20 de julio una vez que el Consejo de Ministros autorizara al que fuera secretario de Estado a hablar sobre asuntos clasificados como secreto oficiales, si bien Martínez volvió a declinar declarar por continuar la pieza 7 del caso ‘Tándem’ bajo secreto de sumario.
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL OPERATIVO
Ahora, una vez que el secreto sumarial ya no afecta a la causa y después de que afirmara en declaraciones a un medio de comunicación que iba a «contar al juez todo» lo que sabe sobre esta operación policial que tuvo lugar en 2013, García Castellón le ha vuelto a citar a declarar al entender que el encargo partía de los «órganos superiores del Ministerio del Interior» y que sus responsables fueron quienes «dirigido y coordinado toda la operativa.
Así lo explica el instructor en el auto en el que fija la nueva citación y en el que además imputa al exministro Jorge Fernández Díaz, quien declarará el viernes. En el mismo apunta que los fondos reservados deben ser controlados por el ministro y por el secretario de Estado de Seguridad.
Son varios los investigados los que han señalado a Martínez como responsable de los fondos reservados y como la persona que estaba al tanto del operativo. Uno de ellos fue el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, el comisario Enrique García Castaño que aportó a la causa el contenido de dos móviles sustraídos a Luis Bárcenas durante el operativo y que él mismo volcó en un ordenador portátil adquirido ex profeso para poder mostrar la información al que fuera ‘número dos’ de Interior.
También leyó tres mensajes de Whatsapp que le habría reenviado el sacerdote Silverio Nieto y que procedían de Martínez, en los que el exsecretario de Estado comentaba que su abogado le había indicado que debía «entregar en el juzgado unas actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013-2014, con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos ‘operativos policiales’ de las que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy».
LOS MENSAJES ENTRE FERNÁNDEZ DÍAZ Y MARTÍNEZ
El juez de la Audiencia Nacional sustenta su citación en estos mensajes, así como en la transcripción de los ‘sms’ cruzados entre Fernández Díaz y su ‘número dos’ –registrados ante notario y aportados a la causa– pues, tal y como expone en el auto, se desprende que hablan del chófer de Bárcenas. El exministro le pedía total coordinación y medios porque debían «conseguir esa info», señala la resolución.
Con esos mensajes y otra conversación entre ambos de 2013 en la que hablan de una operación de volcado de dos iphones y un ipad que se habría realizado con éxito y que contendrían información para la defensa jurídica de Bárcenas, el juez coloca en la diana de la instrucción a los dos ex altos cargos de Interior.
