La crisis por las declaraciones del nuncio del Vaticano en España sobre Franco ha conseguido que el Gobierno vuelva a poner sobre la mesa la revisión de los impuestos que paga la Iglesia. El Ejecutivo ya había emplazado a los obispos a hablar, pero estos esperaban que el Gobierno ya no estuviera en funciones para comenzar la negociación.
Coincidiendo con la reacción del Ejecutivo a las declaraciones de Renzo Fratini en su retirada de España, la vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado, en declaraciones a la SER, que “la Iglesia tiene que pagar impuestos como lo hace en Francia o Italia, porque es de justicia social”.
Calvo ha señalado que “la Conferencia Episcopal ya tiene las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse para ver todo el tema de la fiscalidad de la Iglesia católica en nuestro país”. Por lo tanto, según la vicepresidenta, el Gobierno espera “que la Conferencia Episcopal nombre a las personas que de su lado tienen que sentarse a hablar de esto”.
En el Episcopado ha causado malestar que la vicepresidenta haya relacionado las declaraciones del Nuncio sobre Franco con los impuestos. Calvo dijo que, como la Conferencia Episcopal sabe que hay que hablar de impuestos “por eso me resulta todavía mucho más incomprensible el final con esta entrevista” del nuncio. En ella, Renzo Fratini criticó la actuación del Gobierno sobre la exhumación de Franco.
Efectivamente, tal como adelantó MONCLOA.COM, el Gobierno había contactado telefónicamente y por carta con los obispos para comenzar los contactos sobre lo que el Ejecutivo describió como la revisión del régimen fiscal de la Iglesia católica en España.
Sin embargo, en el episcopado esperaban que las negociaciones no comenzaran hasta que el Gobierno dejara de estar en funciones. El Ejecutivo no puede legalmente dedicarse a asuntos que no sean estrictamente de la gestión diaria mientras se encuentra en esta situación. Además, la composición del nuevo Ejecutivo, las personas que llevaran las diferentes carteras (en un Gobierno que podría ser de coalición) y los posibles apoyos parlamentarios pondrían la negociación en escenarios muy diferentes.
LOS OBISPOS Y LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS
La referencia que hizo la vicepresidenta sobre los impuestos que paga la Iglesia en Italia o Francia, que daba a entender que en España no pagaba, son especialmente polémicas. Las palabras de Carmen Calvo podrían referirse al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sobre el que existe controversia. La posición de la Conferencia Episcopal ha sido la de recordar que la Iglesia en España disfruta de las mismas ventajas fiscales que las entidades no lucrativas.
Por esta razón considera que si hay un cambio al respecto, debería ser para todas las entidades reguladas por la Ley de Mecenazgo. En cuanto a la comparación con otros países, en el ámbito episcopal consideran que las situaciones no son comparables. Para ello ponen como ejemplo el hecho de que en Francia, donde los templos son propiedad del Estado, no pagan el impuesto que se correspondería con el IBI español.
En el entorno de los obispos se asegura, en cualquier caso, que existe la máxima disponibilidad para el diálogo. Sin embargo, sí que ha extrañado la referencia de la vicepresidenta a que tiene designadas las personas que llevarían la negociación. En cualquier caso, el formalismo que conlleva la creación de una especie de comisión negociadora paritaria contrasta con la comunicación fluida que existe entre la Conferencia Episcopal y sus interlocutores habituales en asuntos económicos en el Gobierno, como suele ser Hacienda y Seguridad Social.
“La Conferencia Episcopal ya tiene las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse para ver todo el tema de la fiscalidad», dice Carmen Calvo
El Gobierno comunicó a la Conferencia Episcopal su interés en abordar la revisión del sistema fiscal de la Iglesia tras anunciar, en la visita que la vicepresidenta Carmen Calvo realizó al Vaticano el pasado mes de octubre, su interés en este asunto. Curiosamente, Calvo también sacó a relucir el tema tributario ante el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en una visita en la que se habló (y hubo diferentes interpretaciones) sobre el papel de la Iglesia en la exhumación de Franco.
El único impuesto citado expresamente en la comunicación del Gobierno al episcopado sobre su interés en negociar la revisión del sistema fiscal fue el IBI. La controversia respecto a este impuesto se circunscribe, al menos por ahora, a que sólo estén exentos los inmuebles dedicados al culto, dependencias anejas, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes religiosas.
La polémica sobre este impuesto se ciñe, por lo tanto, a estos límites, según la posición que mantiene el PSOE y que ha incluido en sus programas electorales. Es decir, la revisión del sistema fiscal de la Iglesia planteado no significaría que pasara a pagar el IBI en todos los casos por los que ahora no lo hace.
El sistema fiscal de la Iglesia en España ha sufrido varios cambios en los últimos años. El sistema de financiación a través del IRPF fue reformado de forma que se subió el porcentaje del que se beneficia la Iglesia (pasó del 0,5% al 0,7%) a cambio de dejar de contar con una cantidad mínima asegurada, independientemente de lo recaudado, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Además, este cambio sirvió también para amortiguar la pérdida de la exención del IVA sobre la compra de objetos destinados al culto e inmuebles. Esta exención tenía sus días contados como consecuencia de la normativa europea. Por último, las reglas sobre la aplicación del impuesto municipal sobre obras y construcciones (ICIO) que paga le Iglesia han sido reinterpretadas por Hacienda recientemente.
