El Gobierno de coalición encara la recta final de las negociaciones del borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con vistas a poder llevar la semana que viene las cuentas públicas para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Los dos socios de gobierno se afanan en ultimar los detalles, puesto que existen aún flecos que concretar y algunas discrepancias por disipar. De hecho y según indican fuentes conocedoras de la negociación, este viernes se reúnen la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Unidas Podemos), que han encabezado las negociaciones hasta ahora.
Cerrada esta fase, el remate final corresponderá a los dos líderes de ambas formaciones, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
El cronograma para culminar los PGE cuenta con al menos dos opciones. La primera y que se maneja con más fuerza es que el borrador de los PGE llegue al Consejo de Ministros en la sesión ordinaria del martes, algo plausible para diversas fuentes consultadas y que se asemeja a lo ya apuntado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sin embargo, tampoco se descarta que pudiera haber algún retraso en el acuerdo. En ese caso, otra posibilidad radica en convocar un Consejo de Ministros extraordinario tras el día 27, previsiblemente a finales de la semana que viene.
Lo que parece claro es que Sánchez e Iglesias presentarán previamente en un acto conjunto a la celebración de ese Consejo las líneas maestras de los nuevos presupuestos, que darán carpetazo a los diseñados por el exministro Cristóbal Montoro.
PODEMOS APUESTA POR REGULAR EL PRECIO DEL ALQUILER
Uno de los puntos pendientes aún por dilucidar es si se incluye una regulación que permita regular el precio del alquiler en zonas con tensión de mercado, de cara a limitar su coste y evitar subidas abusivas para el inquilino.
En la formación morada apuestan por ejecutarlo ya en las cuentas públicas, una voluntad que ha expresado el propio Iglesias al Sindicato de Inquilinos, promotor de un manifiesto que aboga por su implementación.
En este sentido, Podemos cree que ha llegado el momento de cumplir con el compromiso programático del pacto de gobierno, ante la emergencia social generada por la pandemia del coronavirus. Pero además, sostiene que ello facilitará la aprobación de los Presupuestos por parte de los socios de investidura, sobre todo en los grupos catalanes como ERC o Junts, dado que en la autonomía el Parlament ya aprobó una normativa en ese sentido.
Una muestra de ello sería el apoyo al manifiesto que reivindica impulsar esa regulación de forma «urgente», suscrito por ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, junto a Podemos.
Por su parte, el lado socialista del Gobierno es partidario de esperar y, por tanto, no introducirlo en los PGE sino en una ley de vivienda, que en todo caso vea la luz tras la pandemia. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha mostrado partidario de esta fórmula.
OTROS ASPECTOS AÚN EN EL AIRE
También está la cuestión de qué proporción de subida aplicar al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo que se utiliza para la concesión de múltiples ayudas, dado que Unidas Podemos quiere mejoras.
Otro punto de discrepancia versa sobre si habrá subida del IPRF para altas rentas de capital y trabajo, dado que los morados quieren aplicarla a partir de 200.000 euros y socialistas abogarían por ello a partir de 300.000 euros, una expectativa en todo caso inferior al compromiso de gobierno de incrementarlo en 140.000 euros.
En lo referido a los sueldos de funcionarios, está descartada la congelación y se negocia la proporción de subida. También se aborda una subida a las pensiones no contributivas.
