Esquerra Republicana (ERC) lleva el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal que contemplan penas de prisión por el delito de injurias a la Corona y de ultrajes a España, como la quema de banderas.
ERC registró esta iniciativa el pasado mes de agosto tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba examinando una denuncia contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de ERC; la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la presidenta del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del Rey emérito.
Poco antes, en julio el Gobierno había comunicado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pretende «llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona», y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal, ambas recomendaciones surgidas del examen periódico universal (EPU).
Ahora los independentistas catalanes han decidido llevar esta iniciativa al Pleno para forzar al PSOE a pronunciarse sobre la urgencia de esta reforma. que también defiende Unidas Podemos. La Cámara tendrá que decidir si adelanta la reforma utilizando el texto de los de Gabriel Rufián.
En ERC insisten en la necesidad de despenalizar estos delitos para cumplir con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España al considerar que con actos como la quema de banderas se ha vulnerado la libertad de expresión.
Así lo expone la iniciativa, en la que los de Gabriel Rufián afirman que «en los últimos años» se ha «perseguido a personas, artistas o revistas satíricas» por estos delitos.
SUPERAR CENSURAS
La formación independentista aboga por «superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona» desde un concepto, a su juicio, de sacralización de la imagen del rey y de su familia». En este contexto, plantea considerar estos actos como «muestras de libertad de expresión», como ocurre en Estados Unidos.
El Grupo Parlamentario ERC-EH Bildu ya registró el pasado mes de marzo en el Senado esta misma iniciativa en medio de la polémica que rodeaba a la Casa Real por las presuntas irregularidades cometidas por el Rey emérito Juan Carlos I, investigación que asumió la Fiscalía del Supremo el pasado mes de junio, y que ahora ha resurgido tras la decisión de éste de trasladar su residencia fuera de España.
Además, en 2018, ERC ya registró una iniciativa similar en el Congreso y lo mismo hizo entonces el líder de IU, Alberto Garzón, ahora ministro de Consumo del Gobierno de coalición. La federación de izquierdas también abogó entonces por eliminar los artículos que penalizan el enaltecimiento del terrorismo o la vejación de representantes religiosos, por considerar que son «obsoletos» y «ambiguos» y que, además, se están utilizando para restringir la libertad de expresión.
