La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha tomado conocimiento este martes de la propuesta de ley presentada el 13 de octubre de 2020 por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, en la que se articula, junto a otras medidas, una «profunda reforma» del sistema de elección de los miembros de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la que se ha mostrado en contra.
Junto a ello, el alto tribunal andaluz ha instado a los responsables políticos a alcanzar los oportunos acuerdos, «apartándose de soluciones que mermen aún más la independencia del CGPJ y las garantías inherentes al principio de separación de poderes».
Así lo señala el TSJA en un comunicado en el que indica que «aceptando la premisa de que al legislador le compete determinar el modo de elección de los vocales de extracción judicial», la propia sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de agosto de 1986 a la que aluden los proponentes «fija criterios mínimos que amparan la designación parlamentaria, destacando de modo expreso en su fundamento decimotercero la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos de cada cámara para tal elección».
«Es claro que en estas condiciones la pretensión de que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por una simple mayoría absoluta se aleja de modo radical de la doctrina constitucional, quebranta los presupuestos que legitiman la elección parlamentaria de estos vocales, compromete la independencia del consejo general del poder judicial y lesiona de modo inadmisible la imagen de independencia del poder judicial», agregan desde el alto tribunal andaluz.
Así, y aunque la Sala de Gobierno del TSJA se muestra consciente de que «resulta preciso desbloquear la renovación de todos los vocales que integran el CGPJ, no sólo los de extracción judicial, y que es inexcusable apartar este órgano de cualquier confrontación política», mantiene que «la respuesta a esta necesidad no puede darse con medidas que le hacen más vulnerable a la politización al CGPJ e inciden negativamente en el desempeño de las funciones constitucionales a las que viene llamado.
Por todo ello muestra su rechazo a la propuesta de reforma presentada, en lo relativo al modo de elección de vocales, al tiempo que insta a los responsables políticos a alcanzar los oportunos acuerdos, apartándose de soluciones que mermen aún más la independencia del CGPJ y las garantías inherentes al principio de separación de poderes.
