La Fiscalía de Málaga ha acusado a seis trabajadores de una residencia de personas con discapacidad de Málaga capital por el presunto maltrato y coacciones a usuarios supuestamente cometidos en el centro en 2017. Solicita cinco años de prisión para cada uno y acusa a un séptimo empleado por un delito leve de malos tratos.
Los usuarios de la residencia eran personas «con graves discapacidades intelectivas y totalmente dependientes para las tareas de la vida diaria», según dice la fiscal en su escrito de acusación inicial, indicando que los acusados aprovecharon este «especial desvalimiento».
A principios de marzo de 2017, «y ante las sospechas de que los acusados, cuidadores del turno de noche, no estuvieran cumpliendo con sus obligaciones laborales», la dirección de la residencia contrató a una empresa de detectives para comprobar esas sospechas; para lo que colocaron cámaras de videovigilancia.
Tras una primera visualización de las imágenes, la empresa informó a la directora, comprobando ella misma «como los acusados, durante la noche, y guiados por el ánimo de menoscabar la integridad física de los usuarios de la residencia, le infligían un trato denigrante y humillante», dice la acusación pública.
Esto consistía, supuestamente, en «ejercer una violencia física de carácter leve, que no llegaba a causarles lesiones y que se materializaba en propinarles múltiples patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa», indica el escrito de la Fiscalía, adelantado por diario ‘SUR’, apuntando que se centra en siete internos que fueron víctimas.
Esta situación daba lugar a que en ocasiones los usuarios agredidos «cayesen al suelo, donde eran nuevamente agredidos, sin que, debido a la discapacidad que presentaban, pudieran defenderse o pedir auxilio», añadiendo, presuntamente, «expresiones despectivas tales como ‘perro, asqueroso'».
Asimismo, supuestamente, los acusados bloqueaban las puertas emergencia, las de los baños, así como las de algunos dormitorios, «impidiendo que los usuarios que allí dormían pudieran salir», dice el ministerio fiscal, que relata los supuestos actos llevados a cabo por cada uno de los acusados.
La fiscal acusa a seis de los trabajadores por un delito de trato degradante, por el que solicita dos años de prisión para cada uno; por otro coacciones, por el que pide tres años de cárcel; y por cinco de maltrato de obra, por el que solicita el pago de una multa de 9.000 euros. Todos los delitos son con carácter continuado.
Al séptimo de los procesados le acusa únicamente por un delito leve maltrato de obra y pide una multa de 1.800 euros. Además, el ministerio público insta a que se imponga a los acusados el alejamiento de las víctimas y a que las indemnicen en la cantidad que se determine.
