Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo, con la que espera reconocer los derechos de aquellas personas que han tenido que huir tras ser «perseguidos y desplazados». Otro de los objetivos de la formación naranja es prohibir los homenajes a terroristas.
Según ha explicado el portavoz adjunto de Cs Joan Mesquida al presentar la iniciativa, el objetivo es «mejorar la calidad de la democracia» española y «proteger a las víctimas del terrorismo de la humillación que suponen» los pactos del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, «con los amigos de ETA», en referencia a EH Bildu.
Concretamente, la proposición de ley recoge el derecho a la memoria, el honor y la dignidad, a conocer la verdad y al esclarecimiento de todos los crímenes, al reconocimiento como víctimas de terrorismo a los perseguidos y desplazados forzosos internos por el terrorismo, a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de las víctimas de terrorismo y a la reparación de las víctimas del terrorismo por persecución o desplazamiento forzoso interno.
Asimismo, dice que las víctimas tendrán derecho a la información sobre la investigación de los asesinatos terroristas todavía sin resolver y de cualesquiera otros crímenes aún impunes, a la reparación en casos de secuestro y/o asesinato perpetrados por terroristas, al resarcimiento de los daños personales y materiales ocasionados por delitos de terrorismo y a obtener las ayudas extraordinarias en determinados casos de orfandad.
CONMEMORAR A LAS VÍCTIMAS EN LOS LUGARES DE LOS ATENTADOS
Por otro lado, Ciudadanos propone una serie de deberes: de preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo, de recuerdo y conmemoración de las víctimas mortales en los propios lugares de perpetración de los crímenes y de identificación, catalogación, publicación y difusión de los lugares de la memoria de la persecución y la violencia terroristas.
Además, se incluyen el deber de homenaje y reconocimiento de las víctimas del terrorismo; de conservación, protección, catalogación e integridad de todos los fondos documentales relacionados con ellas; de concienciación y sensibilización sobre la memoria de las víctimas y los delitos terroristas en el ámbito de la educación; y de prohibir los homenajes a los terroristas y los actos de ofensa a las víctimas.
Estos derechos y obligaciones deberán informar, según indica Cs, la actuación de todos los poderes públicos, de manera que las Administraciones Públicas los integrarán en sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo de todas sus actividades.
Aunque la ley se aplicaría a todas las víctimas de acciones de terrorismo perpetradas en España y en el extranjero por cualquier terrorista o grupo terrorista, se señala que las Administraciones Públicas deberán atenderá con singular relevancia a las víctimas de ETA.
MULTAS PARA EVITAR LOS HOMENAJES A ETARRAS
La formación naranja enumera en su iniciativa una serie de conductas que se considerarían infracciones, como el incumplimiento del deber de colocar una placa conmemorativa y explicativa sobre las víctimas de actos terroristas en el lugar de perpetración o la denominación de calles con referencias directas o indirectas a terroristas, grupos terroristas o personas condenadas por cooperación o colaboración con aquéllos o por homenajes a los terroristas. Las multas previstas van desde los 2.000 a los 150.000 euros.
Otra conducta que podría constituir una infracción es «la realización, organización y exhibición públicas de monumentos, escudos, insignias, placas u otros objetos, así como las menciones conmemorativas, exaltación u homenajes individuales o colectivos al terrorismo, a los terroristas o a las organizaciones terroristas».
También «la organización, realización y participación en espacios, lugares o establecimientos públicos o abiertos al público de actos que entrañen descrédito, menosprecio, ofensa o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje a los terroristas, o concesión pública de distinciones a los terroristas». En estos dos casos, las sanciones oscilarían entre los 50.000 y los 250.000 euros.
En relación con los homenajes a terroristas, Mesquida ha detallado que en los últimos dos años y medio se han llevado a cabo 153 actos de bienvenida y homenaje a etarras tras salir de prisión.
Estos suponen, a su juicio, «un ataque frontal a la memoria de las víctimas del terrorismo», y no se puede permitir que «se tergiverse» la idea de «lo que fue realmente ETA«, que no estaba compuesta por «luchadores por la libertad del pueblo vasco», sino por «asesinos de la peor calaña», según ha dicho.
DERECHO A VOTAR EN EL MUNICIPIO DEL QUE SE MARCHARON
En cuanto a «los perseguidos y desplazados forzosos internos por el terrorismo», la proposición de ley dice que se reconocerá a todas las personas que hayan sufrido esta situación y también sus cónyuges, sus ascendientes y descendientes la plena condición de víctimas del terrorismo y el estatuto de desplazados internos, así como el derecho a una reparación plena y efectiva y a un «regreso voluntario digno y seguro».
Se podrá considerar perseguidos a aquellos que hayan sufrido «cualquier amenaza, coacción, acoso u otras violaciones de sus derechos y libertades» por parte de terroristas o grupos terroristas y de organizaciones que se hayan dedicado a justificar, exaltar o colaborar con el terrorismo o a hacer homenajes.
Y se consideraría desplazados a quienes, a causa de la persecución, se vieran compelidos a mudarse a otro municipio, provincia o comunidad autónoma buscando el cese de la persecución, vivir en un entorno seguro y salvaguardar la propia integridad o la de sus familiares.
Entre las medidas de restitución contempladas están el regreso voluntario al lugar de residencia y, en el caso de que tuvieran que trasladarse a otra comunidad, el derecho a poder votar en el municipio del que se marcharon sin necesidad de empadronarse.
Asimismo, la iniciativa prevé que los perseguidos y desplazados sean indemnizados y que tengan derecho a atención médica y psicológica y a servicios jurídicos y sociales por los perjuicios y daños personales sufridos.
