El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha trasladado al Sindicato de Inquilinos que trabaja dentro del Ejecutivo para que se «cumpla ya» el proyecto de regulación de los precios de alquileres que se acordó en el programa de Gobierno de coalición, ante el momento actual de «emergencia social» generada por la crisis del coronavirus.
Así lo ha trasladado esta mañana en el encuentro que ha mantenido el vicepresidente junto a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, con representantes del Sindicato de Inquilinos.
Ambos han compartido durante el encuentro que es la «falta de garantía» del derecho constitucional a la vivienda constituye «uno de los principales problemas sociales» de nuestro país y, en consecuencia, consideran «imprescindible» ejecutar esta regulación para que comunidades y ayuntamientos puedan limitar precios en zonas del mercado «tensionadas».
Sindicato de inquilinos ha pedido al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que se apruebe la regulación de alquileres «de manera inminente» y ha visto voluntad en el Gobierno para ponerla en marcha «cuanto antes.
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA: UNA «URGENCIA INAPLAZABLE»
El propio Iglesias ha señalado en redes sociales que este año se han dado pasos importantes en este sentido, como la ley catalana que regula los precios del alquiler y «señala el camino a seguir».
«En plena situación de pandemia, en la que las cuarentenas y confinamientos parciales están a la orden del día, la garantía del derecho a la vivienda se convierte en una urgencia inaplazable», ha detallado para enfatizar en que su departamento trabaja para que el Gobierno «dé pasos ya para hacer efectivo este compromiso».
Además, ha enfatizado que «miles de familias tienen que dedicar un elevadísimo porcentaje de sus ingresos a pagar el alquiler, lastrando sus posibilidades de tener una vida digna».
Precisamente, los dos socios de Gobierno de coalición mantienen contactos durante estos días para ultimar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
EN JUNIO SE LANZÓ EL ÍNDICE DE PRECIOS
Recientemente, el Consejo de Ministros prorrogar a enero de 2021 varias medidas del denominado «escudo social», como la prohibición de desahucios, así como la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda de seis meses para evitar subidas «abusivas» y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública.
A su vez, en septiembre se aprobó en Cataluña la ley que limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes en zonas tensionadas.
En junio de este año, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lanzó el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, con 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos cuatro años y que se actualizará anualmente con información de 1,7 millones de inmuebles y 33.662 secciones censales, lo que permite disponer de información sobre la evolución de las rentas y «vigilar» las zonas tensionadas.
Se trató del «primer paso» para avanzar en el compromiso del Gobierno de limitar el precio del alquiler. Con ello, el Ejecutivo evalúa primero el impacto de la crisis en los precios del alquiler y después tomará decisiones al respecto, según precisaron fuentes de Transportes, que en paralelo imprimirá un impulso de la política de vivienda con el anteproyecto de la primera Ley estatal de vivienda previsto para este año.
El sistema de índices de precios se recogía en el real decreto 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que contemplaba su creación y fue previo al acuerdo programático de diciembre del año pasado entre el PSOE y Unidas Podemos en el que se recogía el compromiso de impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado».
A partir del sistema estatal de índices de precios, el acuerdo señalaba que se habilitaría a las CC.AA. y ayuntamientos a poder establecer su propio índice. Fuentes de Transportes precisaron en junio que el Gobierno tendría que habilitar a estas administraciones con una modificación de una ley estatal para que pudiesen fijar límites, si bien a nivel nacional no se ha decidido cómo se procedería a limitar los precios, en caso de hacerse.
