La Fundación Nacional Francisco Franco tiene que devolver su archivo al Estado si no quiere correr el riesgo de ser multada con una cantidad que podría llegar a 60.000 euros. Esta cifra supone más de la mitad de su presupuesto anual.
El archivo está compuesto por unos 30.000 documentos que manejó el dictador durante décadas. Entre ellos se encuentra una gran cantidad de documentación producida por ministerios y organismos públicos, algunos de ellos incluso con el sello de “secreto” o “confidencial” en su cabecera.
El Gobierno ha anunciado que comunicará a la Fundación Nacional Francisco Franco “el carácter público de tales documentos”. Por lo tanto, según esta calificación por parte del Ejecutivo, los papeles deben estar en manos públicas, tal como establece la ley del patrimonio histórico español.
La propia web de la fundación señala que estos documentos “son clave para la historia de España, ya que representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos de quien fuera Jefe del Estado durante 40 años”.
Este anuncio del Gobierno sobre la comunicación que enviará a la Fundación se produjo en una respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet, que se había interesado por el futuro de esta documentación. El Ejecutivo afirmó en la respuesta que “reiterará a la Fundación, igualmente, la obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido en el conjunto de la normativa vigente en materia de archivos, protección de datos personales, propiedad intelectual, etc.”
Este toque de atención se hará, según el Gobierno, “sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida por parte de la Fundación de estos bienes muebles”. Esta retención es la que le puede costar a la Fundación Nacional Francisco Franco una multa de hasta 60.000 euros, según la ley del patrimonio histórico español.
LA RETENCIÓN ILÍCITA DE LOS DOCUMENTOS DE FRANCO
La citada multa está prevista por la retención ilícita o depósito indebido de documentos del Patrimonio Documental del Estado. Según esta norma, los papeles en poder de la Fundación Francisco Franco forman parte de este patrimonio, ya que éste lo constituyen los documentos generados por cualquier organismo o entidad pública, así como los reunidos por cualquier persona gestora de servicios públicos “en el ejercicio de su función”, como sería el caso del dictador.
El Gobierno cita, en su respuesta parlamentaria, tanto este precepto, como el que señala que las personas que tuvieran documentos de este tipo deben entregarlos a quien les sustituya en el mismo o remitirlos al archivo que corresponda. Si estos documentos son retenidos, la Administración puede ordenar su traslado a un archivo público.
Según admite la propia Fundación Nacional Francisco Franco en su página web, la documentación está compuesta de «correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero, informes confidenciales del Estado Mayor, distintos ministerios y embajadas, borradores de leyes con anotaciones manuscritas del propio Franco al margen, etc.”
Una copia de estos papeles se encuentra en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, pero los originales se encuentran en la Fundación que se dedica a ensalzar la figura de Franco. Estos papeles estuvieron únicamente en poder de la Fundación durante lustros, hasta que un acuerdo con el Gobierno de José María Aznar en 2001 permitió la copia de los documentos a cambio de una subvención para que fueran microfilmados.
La intención señalada ahora el Gobierno de Pedro Sánchez no es la única reciente sobre los papeles en manos de la Fundación Francisco Franco. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo señaló que había comunicado a la Fundación Francisco Franco que debía ser cautelosa y cumplir la ley respecto a los documentos clasificados como secretos que contenía su archivo.
Concretamente, la Secretaría de Estado de Cultura remitió a la Fundación un escrito para que retirara del acceso público esta documentación. Además, le requirió un informe sobre la protección de esta información y su eventual divulgación.
El Ejecutivo afirma que “reiterará a la Fundación, igualmente, la obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido en el conjunto de la normativa vigente en materia de archivos, protección de datos personales, propiedad intelectual»
Los responsables de la Fundación negaron en aquel momento que hubieran recibido esta comunicación por parte del Gobierno. Pero eso no fue todo, ya que también negaron que en su archivo se encuentre ningún documento que pudiera considerarse calificado como secreto, porque, en su opinión, el hecho de que tengan el sello de “secreto” o “máximo secreto” en su cabecera no es suficiente para considerarlo como tal.
A pesar de lo que mantienen los responsables de la Fundación, las copias de algunos documentos que tienen este sello, custodiadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, no son accesibles a los investigadores en éste último debido a la ley de secretos oficiales. Esta práctica lleva a la paradoja que lo que el Estado no permite ver, se puede consultar sin restricciones en la Fundación Francisco Franco, según señalan sus responsables.
En el archivo público de Salamanca se informa a los investigadores que acceden a este fondo que parte de la documentación está afectada por la ley de secretos oficiales de 1968, que aún se mantiene en vigor. Por esta razón, antes de acceder a estos documentos, los investigadores deben esperar a que personal especializado discrimine qué documentos pueden ser consultados.
