Amnistía Internacional ha publicado este jueves un nuevo informe ‘Cadenas invisibles’, en el que denuncia cómo la identificación y, por lo tanto, la protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual tiene graves fallos estructurales en España ya que, a su juicio, prima la persecución del delito, por lo que las víctimas son instrumentalizadas y vistas como pruebas para la investigación, y no como personas necesitadas de protección durante todo el ciclo. Este 18 de octubre es el Día Europeo Contra la Trata de seres humanos.
Especialmente preocupante, asegura AI, es la situación en las costas, donde también el enfoque es principalmente de control migratorio y falta un mecanismo multi-agencial de detección temprana, y una coordinación adecuada entre los diferentes mecanismos implicados. Como consecuencia, muchas posibles víctimas «se pierden» por el camino y muchos traficantes están esperando en lugares de tránsito.
A pesar de que no existen datos desagregados, unificados y sistematizados que muestren la magnitud de este problema, AI añade que mil de las 75.000 personas que, según el Gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual (no basándose en indicios, sino en operaciones policiales), han sido identificadas finalmente como víctimas en los últimos siete años que se tienen datos, entre 2013 y 2019. Estos datos, además, no incluyen a las mujeres que solicitan protección internacional o migrantes que llegan a las costas.
«La identificación es el primer paso y resulta fundamental para proteger a las víctimas de trata y garantizar su asistencia, acceso a justicia y derecho a la reparación. Si no se detecta a las posibles víctimas, los siguientes pasos son inexistentes», explica Virginia Álvarez, autora de la investigación y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.
AI señala que la identificación de víctimas de trata recae exclusivamente en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, concretamente en las unidades encargadas de la persecución del delito, por lo que no siempre se garantiza un enfoque de género y protección de derechos humanos.
Para Amnistía Internacional, la detección e identificación de estas víctimas no es una prioridad para las autoridades como refleja el hecho de que, en los últimos tres años, el número de víctimas identificadas del total de personas en riesgo de trata oscila entre el 1,4 y el 1,5%.
En 2019, 42 mujeres habían sido identificadas formalmente como víctimas de trata, de las 2.834 potenciales o en riesgo, según los datos proporcionados por la Dirección General de la Policía (hasta el 18 de julio). En el caso de 2018, fueron un total de 128 de 9.135, seis de ellas menores (según CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado); y en 2017, de las 10.111, solo fueron reconocidas como víctimas 155.
A la organización le preocupa además que los estereotipos de género influyan de manera perjudicial para la identificación de las víctimas de trata pues muchos funcionarios policiales buscan un determinado «perfil de víctima de trata» y, si no se corresponde, lo descartan demasiado rápidamente.
«ME PASABA EL DÍA DROGADA Y BORRACHA PARA SOPORTARLO»
«La policía tiene que entender que muchas veces no hay cadenas físicas, sino que lo que hacen es crear cadenas mentales, nos obligan a consumir drogas y alcohol para que estemos activas, nos obligan a sonreír, a bailar, a decir que estás porque quieres, después de amenazarte o pegarte», asegura María, una víctima y superviviente.
«La policía me empezó a preguntar, no creían lo que les contaba. Una mujer policía me dijo que si no decía la verdad me deportarían, les dije que no quería hablar porque no quería morir, habían amenazado también a mi familia», relata Alika (nombre ficticio) sobre su primer contacto con la policía, cuando, después de recibir una paliza en plena calle y acudir a comisaría, no se activó ningún mecanismo de protección.
Esta mujer nigeriana de 27 años, que llegó a España en patera cuando solo tenía 18, sufrió mucha violencia en su ruta migratoria, también cuando, una semana después de llegar le dijeron que debía prostituirse para devolver la deuda de 55.000 euros que había contraído.
Por otro lado, AI muestra su preocupación por el hecho de que algunas operaciones policiales contra la trata con fines de explotación sexual finalizan con la detención de las mujeres por su situación de irregularidad administrativa, a pesar de la existencia de indicios de trata o explotación.
«Te dan el decreto de expulsión junto con la reflexión, si no denuncias, la orden de expulsión se reactiva», asegura por su parte María, superviviente de trata. La mujer, captada en Brasil con el engaño de ofrecerle trabajo de limpieza y de cuidado de niños en España, huyó de sus tratantes gracias a una organización, no porque fuera reconocida por la policía.
«Un día, cuando iba andando por la calle, la policía vino hacia mí, me tiré debajo de un coche, tenía miedo porque la policía solo iba buscando inmigrantes irregulares». Ese miedo a la policía, y a sus tratantes, se explica en un relato lleno de violencia, yendo de club en club: «me pasaba el día drogada y borracha, era la única manera de soportarlo».
Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia que la detección de posibles víctimas en las costas y otros puntos de llegada no son una prioridad para las autoridades. «Muchas víctimas, bien por el hecho de que no se identifican como tal, o bien porque aun no han sido explotadas, podrían ser mejor protegidas si tuvieran acceso a la información y a la asistencia letrada a la que tienen derecho», indica Álvarez.
El informe también recoge testimonios que denotan una falta de diligencia por parte de las autoridades para detectar posibles niñas y niños víctimas de trata, especialmente cuando alegan ser mayores de edad. «Entre policía y fiscalía se pasan la pelota de qué hacer en caso de que las menores se hagan pasar por mayores de edad, pero su consideración como adultas, así como la falta de informes completos, dificulta mucho la intervención y el seguimiento de sus necesidades. Y los mismo sucede con niños y las niñas que viajan solos», afirma el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Desde enero hasta junio de 2019, llegaron a España 11.345 niños y 956 niñas migrantes no acompañados, y solo 10 de ellas fueron identificadas como víctimas de trata. En cuanto a los niños, en un periodo de 4 años, entre 2014 y 2017, solo 3 niños fueron identificados como víctimas de trata, y todos ellos en el año 2014. En lugares que son puerta de entrada en España, como son Andalucía, o Melilla, solo se han identificado 41 víctimas y ninguna, respectivamente, en el año 2018.
DEMANDAS
Ante esta situación, Amnistía Internacional Amnistía Internacional pide que se dé prioridad, especialmente en costas, a la atención de víctimas de trata por encima del control policial y migratorio y exige establecer un mecanismo de detección temprana con un enfoque multi-agencial, especialmente en los casos de mujeres migrantes que puedan presentar indicios de trata o necesitar protección internacional, con el objeto de darles información, seguimiento y apoyo.
También reclama que el Parlamento apruebe una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con perspectiva de derechos humanos, de género e infancia; y mejorar la coordinación y fortalecer la colaboración entre las ONGs expertas que están en contacto con las mujeres, conocen posibles casos y/o situaciones de especial vulnerabilidad, o signos de trata o explotación y las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil, entre otras actuaciones.
