La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado satisfecha este miércoles con la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado el grueso de las condenas dictadas en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama ‘Gürtel’ (1999-2005) y que da también firmeza a la multa que deberá pagar el PP como partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa.
«Estamos contentos, es un buen final a mucho trabajo», han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, que añaden que ahora estudiarán despacio los 1.843 folios de resolución porque la consideran «muy importante para el futuro».
Se trata de la segunda pieza de la trama de Francisco Correa que llega al alto tribunal, después de la que confirmó todas las condenas de la trama de Fitur en Valencia.
La resolución supone rechazar en su mayor parte los más de 400 motivos expuestos en los 42 recursos de los condenados –tanto personas físicas como jurídicas– e impone penas que suman 51 años de cárcel para un total de 29 personas. Así, se ratifican con ligeros ajustes las condenas de prisión que fijó la Audiencia Nacional, así como la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y de la exministra Ana Mato.
En una sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo confirma la comisión en esta causa de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.
La Audiencia Nacional dictó sentencia el 17 de mayo de 2018 en la que afirmó que en el juicio, que se celebró durante algo más de un año, quedó acreditado que entre 1999 y 2005 (primera época de ‘Gürtel’) se tejió entre el grupo de Correa y el PP una estructura de colaboración estable y consistente.
Una red que, según confirma ahora el Supremo, consistió en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.
LAS DEFENSAS ESTUDIAN LA SENTENCIA
Dada la magnitud del escrito, las defensas de algunos de los principales condenados han señalado que dedicarán tiempo a estudiar la sentencia del Supremo para luego decidir si presentan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).
Aunque no todos tenían clara esa vía, otros sí apuestan por ella, como es el caso de la defensa de Pablo Crespo –condenado a 36 años y ocho meses de cárcel– quien ya ha adelantado que acudirán al TC si bien no ha podido adelantar la línea en la que irá su recurso dado que aun tienen un mes por delante. En el caso de la defensa de Correa, todo dependerá del análisis de las más de 1.800 páginas y de la decisión que adopte el representado.
En cuanto a la postura del PP sobre la sentencia, fuentes consultadas apuntan que se analiza en estos momentos y que se valora que hay una estimación parcial de sus motivos dado que se recoge el argumento del voto particular de la Audiencia Nacional. No obstante estudian el resto de cuestiones planteadas para decidir si hay posibilidad de amparo.
EL DENUNCIANTE
Por su parte, la defensa del que fuera denunciante de la trama, José Luis Peñas, ha calificado de impresionante e histórica la sentencia, pero lamenta que el Supremo no haya tenido en cuenta las alegaciones que hicieron a la sentencia de la Audiencia Nacional. Peñas ha sido condenado a 4 años y 9 meses de cárcel.
Con todo, adelantan que ya barajan las distintas opciones que se abren tras este escrito «de novela» y apuntan que las vías pueden ser tanto el recurso de amparo ante el Constitucional como la petición de indulto para el denunciante. «Si hay un denunciante en España que se merezca un indulto ese es José Luis Peñas, porque si no es por él, esta gente seguiría robando a los españoles», argumentaba su abogado Ángel Galindo.
Al hilo, desde la defensa recuerdan que ya en la vista donde se decretaron las medidas de prisión tras la sentencia de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción se pronuncio a favor del indulto del denunciante.
